Los directores de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago expresaron hoy su rechazo al sistema de admisión escolar aprobado en el Gobierno pasado y llamaron a los parlamentarios a aprobar el proyecto de Admisión Justa.
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Encabezados por el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, los directores de 11 establecimiento se reunieron esta mañana en el Instituto Superior de Comercio con el alcalde Felipe Alessandri para analizar el sistema de admisión escolar que se implementará este año en la Región Metropolitana.
Tras la cita, el alcalde dijo que “en Santiago tenemos prácticamente todos los liceos emblemáticos. A los parlamentarios de Santiago, a esos ocho grandes legisladores, les hago un llamado muy sentido para que aprueben la idea de legislar del proyecto Admisión Justa. Los liceos emblemáticos están por el mérito, privilegiemos a quienes se esfuerzan”.
El jefe comunal agregó que “los directores están preocupados por el impacto que tendrá la implementación de este nuevo sistema de admisión que va en contra de la posibilidad de que los padres puedan elegir un establecimiento que los identifique con un proyecto educativo».
«Otro punto que preocupa es que permitirá que estudiantes que participaron en hechos de violencia y que fueron expulsados o retirados de un liceo específico puedan volver a ingresar, lo que afectará nuevamente el clima de convivencia escolar”, añadió.
Por su parte, los directores entregaron una declaración en la que rechazan el sistema de admisión escolar «porque consideramos que el resultado en otras regiones no ha sido satisfactorio, dejando a un porcentaje considerable de estudiantes fuera de su primera preferencia».
Además, afirman que «atenta a la legítima libertad de elección que tienen padres y apoderados de adherir a un proyecto educativo específico, que responda a sus expectativas y proyecciones».
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También aseguran que «impide que el ingreso de estudiantes a un determinado Liceo sea por la convicción de pertenecer a una comunidad educativa, con características y particularidades históricas, sociales y educativas».
Asimismo, consideran que «pone en riesgo la integridad de la comunidad educativa al permitir el potencial reingreso de estudiantes involucrados en hechos de violencia y acciones que han alterado gravemente la convivencia escolar, interrumpiendo de sobremanera el normal funcionamiento de las clases, lo que ha afectado negativamente la matrícula, el descenso de logros de aprendizaje y el retiro de estudiantes».
Finalmente, estiman que «debilita el principio de movilidad social, sentido que históricamente ha caracterizado, la preferencia por nuestros proyectos educativos», y que «se sustituye el mérito, el esfuerzo y el compromiso por el azar».
Por lo anterior, «invitamos a los legisladores de todo el espectro político a considerar estas razones y que al momento de discutir, sea de manera seria, desideologizada y sin dogmatismos», concluyen.
