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El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, tiene un futuro complicado luego que se filtraran audios que supuestamente demostraban que estableció contacto indebido siendo juez del caso con los fiscales de la Operación Lava Jato, los mismos que lograron llevar al ex presidente Luiz Inacio Da Silva a la cárcel.
El jefe de cartera lamentó la “invasión criminal” y se defendió señalando que no encontró “ninguna orientación, allí, en aquellos mensajes, ni puedo decir que son auténticos, porque son cosas que sucedieron, si suceden, hace años, ya no tengo esos mensajes”.
Si se confirman los audios, Moro habría violado el artículo 145 del Código Procesal Civil, que prohibe que un juez aconseje a alguna de las partes acerca del objeto de la causa, y el 564, que decreta la nulidad del juicio si se confirma “incompetencia o sospecha de soborno del juez”.
No obstante, para la doctora Eugenia Dos Santos, académica de la Universidad de Santiago (Usach), “en Brasil hay una crisis institucional tan grande que todo lo que pase está fuera de toda legalidad”.
“Si nosotros hablamos de un país que vive en un Estado de Derecho, Sergio Moro ya estaría demandado, cumpliendo quizá una pena, no digo de cárcel, pero si una pena pública por su comportamiento, pero él hoy día está como ministro”, asegura.
Mientras los opositores pidieron el alejamiento de Moro del cargo y anunciaron que consideran la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), desde el gobierno, el portavoz de la presidencia, general Octavio Rego, confirmó que el tema del despido del ministro “jamás fue tocado”.
La doctora Dos Santos asegura que “el cargo de Sergio Moro está peligrando”. “Es la niña linda de Bolsonaro, es el ministro estrella, sigue siendo héroe, pero yo no sé hasta cuando va a durar”, agrega.
Por otro lado, el escándalo hace tambalear la promesa del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de nombrar al juez anticorrupción al Supremo Tribunal Federal cuando haya una banca disponible.
Sin embargo, no se esperan repercusiones a corto plazo a no ser que se revele contenido más grave, según especialistas brasileños .
«Ahora hay que esperar porque en la ilegalidad que fueron tomadas esas pruebas ciertamente son consideradas criminales y no podemos hablar ahora de cuanto va a pagar Sergio Moro por eso», finalizó la académica.
Lula exige libertad
Los abogados de Lula da Silva dijeron que “no hay duda de que los procedimientos contra el ex presidente Lula están manchados por problemas extremadamente serios cuando se trata de violaciones de garantías fundamentales y de la negación de los derechos”.
“Lula debe ser puesto en libertad de inmediato y los tribunales deben reconocer de una vez por todas que no ha cometido ningún delito y que ha sido víctima de la “ley”, que es la manipulación de la ley y los procedimientos legales con fines de persecución política”, sentenciaron en un comunicado.
El ex mandatario actualmente se encuentra cumpliendo una condena de ocho años y 10 meses en prisión por recibir sobornos de la constructora OAS, en el marco del caso Lava Jato.
