Quieren decapitar y crucificar a manifestante de diez años

Arabia Saudita exige pena de muerte para un joven de 18 años por participar en una protesta hace ocho.

Por Sebastian Foncea

"El pueblo reclama derechos humanos", eso, sólo eso dijo Murtaja Qureiris el 2011 con un megáfono cuando tenía diez años en una manifestación realizada en una provincia oriental de Arabia Saudita, en medio de las protestas que levantó la primavera árabe.

Las autoridades lo ficharon y luego apresaron al niño de origen chiíta cuando tenía trece años, después de participar de una cicletada en donde los menores pidieron más libertades.

Murtaja viajaba con su familia a Bahrein cuando fue detenido por las autoridades fronterizas de Arabia Saudita en la autopista del Rey Fahd, que conecta a los dos países. Desde entonces está preso y ahora que cumplió la mayoría de edad el fiscal acusador pidió que sea decapitado y que luego sus restos sean crucificados, o que su cadáver sea desmembrado.

La etnia minoritaria de chiítas sufre tratos discriminatorios, incluyendo decenas de ejecuciones, por parte de los gobernantes sunitas. Además, con la llegada al poder del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, la mano dura se ha intensificado. Human Rights Watch informó que 139 personas fueron ejecutadas el pasado año, y en lo que va del 2019, 110 personas han sufrido la pena capital.

Seis niños muertos en abril

Murtaja fue detenido el 2014 y se lo formalizó dos años después por participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano (asesinado en una manifestación), posesión de armas de fuego, lanzar bombas molotov en contra una comisaría, y pertenecer a una organización terrorista.

El caso de Murtaja Qureiris no es el único porque según declaró al diario El Mundo, Ali Adubisi, director de la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos, "hay al menos diez menores que fueron ejecutados durante el reinado de Salmán, entre ellos seis en abril de este año. Es una práctica que se ha convertido en común en este Gobierno".

"Los menores fueron ejecutados después de confesiones extraídas bajo tortura y coerción. La mayoría fueron acusados por protestar y reclamar derechos y han sido privados de cualquier derecho legal. Algunos ni siquiera han tenido oportunidad de reunirse con un abogado", agregó Ali Adubisi.

 

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