Más de 130 años han pasado desde la Pacificación de La Araucanía y el escenario no ha cambiado mucho. En pleno siglo XXI, la población indígena en Chile sigue padeciendo las desigualdades propias de un modelo que más parece un laberinto que una salida a la vulnerabilidad, escenario que plantea cuan necesario es declarar cuanto antes al país como un estado plurinacional y multicultural.
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Con propósito de la llegada del Wüñol Tripantu, año nuevo mapuche que se celebra entre el 21 y el 24 de junio, el departamento de investigación de Etnográfica Research desarrolló un estudio completo sobre la realidad de los pueblos indígenas en el país. Y si bien la tendencia era esperable, los resultados fueron una total sorpresa.
Para el estudio se tomaron los datos del Censo de 2018 y la Casen de 2017. Su finalidad: comparar la situación de los 2.185.792 de personas que se declaran pertenecientes a un pueblo indígena, respecto de los no indígenas. ¿Las conclusiones? las diferencias sociales son drásticas, y se expresan desde las esferas más básicas, como la vivienda y educación, hasta lo más plausible, como el salario y las pensiones.
Las cifras del Censo revelan que 2.185.792 personas se declaran parte algún grupo indígena. De ellos, el 77,4% es mapuche (1.6991.629 personas) y un 7,2% es aymara (156.754).
En cuanto a remuneración, la brecha entre indígenas y no indígenas es similar, para hacerse una idea, a las diferencias de género por pago de hora trabajada en la Región Metropolitana. Se trata de algo así como el 20%: mientras el promedio salarial de la población no indígena es de $497.105, aquellos pertenecientes a un pueblo originario perciben $398.312. Es decir, $98.793 menos.
Laberinto
«Lamentablemente, pertenecer a un pueblo indígena es sinónimo de vulneración social en Chile, y eso es lo terrible», dice Carola Naranjo, directora ejecutiva de Etnográfica. Para la experta, las cifras indican que la brecha es transversal: «son más pobres, tienen peor calidad de educación, peor acceso a la salud y peor vivienda», relata.
Como espejo de la diferencia salarial, las jubilaciones de los indígenas son de $41.793 menos que las del resto de los chilenos, que no superan los $250 mil. Lo peor es que la mitad de la población perteneciente a pueblos originarios apenas perciben $150 mil de pensión.
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El panorama educativo también es más precario. Sólo el 10,8% de los indígenas es profesional, casi 6 puntos porcentuales menos que la población no indígena. Además, apenas uno de cada 100 mapuches (0,8%) consigue un posgrado. Junto con eso, un 11,5% no estudia por razones de embarazo y paternidades precoces, 5 de cada 10 lo desestima para trabajar al salir de la educación media y un 10,6% lo añora, pero la condición económica familiar lo hace imposible.
El laberinto se extiende incluso al acceso a la salud. Apenas el 7,5% de la población perteneciente a pueblos originarios impone en Isapres. En términos porcentuales quiere decir que por cada 2 chilenos que prefieren la cobertura del sistema privado, solo un indígena opta a lo mismo.
Incluso la salud mental es un tema. En la Casen 2017, un 47% de los indígenas declaró haber ido 2 o más veces a una consulta de salud mental en el último tiempo, mientras que en los no indígenas solo fue de un 41,9%.
La vulnerabilidad llega incluso a los detalles más básicos, tal como explica Naranjo a Publimetro. En términos de vivienda, el material preferido por los chilenos (51,5%) son los muros sólidos, mientras que los pertenecientes a pueblos originarios usan en su mayoría madera o latas (46,8%).
«Hoy tenemos una deuda histórica que es política, en el sentido del reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de una plurinacionalidad en Chile. Pero además hay una deuda incluso más urgente, que es sociocultural y socioeconómica. Por lo mismo, los territorios tradicionalmente ligados a los mapuches y aymaras, son también los más pobres del país», sentencia la experta.
Una salida
El Presidente Sebastián Piñera reactivó en mayo de este año la agenda legislativa indígena. Entre varias cosas, anunció un plan de inversión de US$8 mil millones para 2026 en La Araucanía. Eso, sin embargo, se queda corto según los expertos.
Carola Naranjo, especialista en temas indígenas de Etnográfica Research, señala que es «urgente declarar a Chile como un Estado plurinacional». A eso, agrega ella, se deben agregar una agenda especializada para tomar tres temas: pobreza, educación y percepción cultural.
«Se requiere una política especial. Que se promueva el emprendimiento y sobre todo la autonomía económica de los pueblos indígenas. Podríamos tomar los modelos de países como Nueva Zelanda o Canadá y dejar ya las políticas asistencialistas», dice la antropóloga.
Por su parte, Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central, cree en la importancia de conservar la identidad indígena. Por eso, dice, sería ideal «levantar un programa profundo de integración y becas para jóvenes perteneciente a pueblos originarios en universidades del sur. Quitar el estigma de la población campesina poco especializada».
Finalmente, Naranjo propone, además de mecanismos de retención escolar, una política de fomento de pueblos originarios a la población no indígena.
