Los abogados del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió tras ser apresado por el cuerpo de inteligencia militar, ejercerán acciones internacionales contra el Estado venezolano por las supuestas torturas a las que fue sometido, anunció un integrante del equipo legal.
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El activista Alonso Medina Roa, uno de los defensores del militar fallecido, dijo a la prensa que llevarán a instancias internacionales el caso para actuar contra el Estado venezolano, al que señalaron de incumplir el mandato constitucional de garantizar la seguridad de los detenidos.
El anuncio se produjo un día después de que un tribunal capitalino ordenó la detención de un teniente y un sargento de la Guardia Nacional, que laboran para la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusados de ser los presuntos responsables de la muerte del militar.
Ambos, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de la DGCIM.
Medina Roa condenó que la Fiscalía General no incluyera el delito de tortura en las imputaciones a los dos guardias nacionales, e indicó que con esa medida se busca «evitar cualquier acción contra el Estado venezolano».
A las puertas del Palacio de Justicia el activista anunció que ejercerá acciones judiciales contra los funcionarios que participaron en las supuestas torturas a Acosta Arévalo, y pedirá que se investigue la cadena de mando del DGCIM que tuvo a su cargo la detención del oficial fallecido y su custodia.
El capitán de corbeta, que estaba procesado por su presunta vinculación con un complot contra el gobierno, murió el sábado en un hospital militar tras ser presentado en un tribunal a donde llegó en silla de ruedas debido a que no podía movilizarse y con múltiples escoriaciones y hematomas en el cuerpo, relató uno de sus abogados.
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La muerte fue condenada la víspera por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien lamentó que las alegaciones de tortura no fueran incluidas en los cargos. Asimismo, solicitó a las autoridades que se permita a los otros seis militares y policías detenidos por el supuesto complot que sean visitados por sus abogados y familiares y que sean tratados con «humanidad».
El pronunciamiento de Bachelet se da a pocos días de que presente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Bachelet visitó entre el 19 y 21 de junio la capital venezolana donde sostuvo reuniones con el presidente Nicolás Maduro, el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, miembros de organizaciones humanitarias y víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
La muerte del oficial continuó desatando reacciones de activistas y opositores quienes realizaron el martes una protesta en las puertas de la Comandancia de la Armada, en el norte de Caracas, donde se colocaron coronas de flores mientras algunos gritaban a los militares «No les duelen sus compañeros».
Al rechazar el fallecimiento del oficial, Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, anunció el martes que Acosta Arévalo fue ascendido por vía de decreto al rango de capitán de fragata.
“¿Se van a esconder detrás de un dictador señores de las fuerzas armadas?”, dijo el líder opositor durante una sesión de Asamblea Nacional, al llamar nuevamente a los militares a desconocer a Maduro y exigió a las autoridades informar quién dio la orden de actuar contra el oficial.
Guaidó llamó a sus seguidores a salir a las calles el 5 de julio, día en el que Venezuela conmemora su independencia, para protestar por la muerte de Acosta Arévalo.
En octubre el concejal opositor Fernando Albán falleció tras ser detenido por la policía política. Las autoridades indicaron que murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede capitalina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras la oposición denunció que falleció como consecuencia de las torturas que recibió.
