El ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó tener en su poder un informe de la PDI que revela la vulneración de derechos hacia los menores que son atendidos por la Red Sename, situación que fue denunciada este martes por el diputado René Saffirio, quien además le pidió su renuncia por este hecho.
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Según el secretario de Estado él supo que se estaba elaborando un informe de ese tipo, pero que nunca le llegó a su manos, como lo aseguró el parlamentario Saffirio, quien indicó que el trabajo de la PDI se le entregó en junio del año pasado.
«No conozco el contenido del informe, así que no puedo pronunciarme ni referirme a él. No sé dentro de qué contexto fue solicitado. La información que tengo, por así decirlo, de oídas, es que fue solicitado dentro de una investigación que llevaba adelante el Ministerio Público dentro de una situación específica. Por lo tanto es todo lo que yo sé», comentó el ministro Larraín.
Habla la PDI
Por su parte, desde la Policía de Investigaciones desmintieron al diputado acusador, indicando que nunca le entregaron el documento al ministro de Justicia y al fiscal nacional, Jorge Abbott, como planteó.
A través de un comunicado, precisaron que el texto le fue enviado al fiscal Marcos emilfork, quien lleva la indagatoria sobre las causas del Sename.
«Que con fecha 25 de abril de 2019 se hizo entrega al Fiscal Regional de Los Lagos, Sr. Marcos Emilfork, de los informes relativos a la investigación de dicha causa, a través de los canales formales establecidos para dicho procedimiento y de acuerdo con la legislación vigente», dice parte del comunicado.
Asimismo, negaron que el ministro Larraín tenga en su poder el informe.
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«El único destinatario de dicha documentación fue el Fiscal requirente, por lo cual no es efectivo que se hayan enviado copias al Sr. Ministro de Justicia», dice textualmente el escrito entregado esta tarde por la PDI.
Aclara la Fiscalía
En una noche de «aclaratorias», La Fiscalía Nacional informó que «la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional respondió al Fiscal Emilfork el 16 de mayo de 2019 que el informe podía ser entregado a terceros, pero que dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al Fiscal Nacional para evaluase la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno en la materia. Dado que los contenidos de este informe se relacionan con el ámbito de acción de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, el documento fue derivado a esta área, la que fue encargada de coordinar una fecha para su entrega, en conjunto con el director general de la PDI, al Ministerio de Justicia. De hecho, se había estimado como fecha tentativa el 18 de julio, lo que debe coordinarse con las autoridades respectivas».
La Fiscalía hizo «hincapié en que el informe no contiene datos sensibles que individualicen a NNA ni antecedentes sobre las investigaciones penales en marcha y cuyo contenido no corresponde ser informado a autoridades de Gobierno. En los casos en que se detectaron condiciones precarias, cuya solución no está en manos del Ministerio Público, los antecedentes fueron oportunamente remitidos a las autoridades pertinentes. Un ejemplo de ello es la referencia contenida en el informe respecto de “residentes en centros del Sename con alta complejidad médica y posible riesgo vital”, individualizados por la fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones, cuyos casos fueron remitidos por la Fiscalía Regional de Los Lagos en oficios de junio de 2018 a la Directora del Sename, la subsecretaria de Redes Asistenciales y el Subsecretario de Justicia».
