No más basura aérea: ley obligará a empresas a retirar sus cables en desuso de los postes

Compañías tendrán un plazo para cumplir y, de no hacerlo, arriesgan multa e igualmente tendrán que pagar por el retiro.

Por Publimetro

Seguramente ha notado en su ciudad la montonera de cables que cuelgan de los postes, de los cuales seguramente muy pocos están siendo utilizados, mientras que los que no siguen ahí porque nadie se hace cargo de ellos. Hasta ahora.

Y es que este martes, la sala de la Cámara de Diputados ratificó, tras dos votaciones, las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos.

El texto, que culminó su tramitación legislativa y quedó listo para ser promulgado, busca solucionar el exceso de líneas de servicios de telecomunicaciones, muchas de las cuales se encuentran ya en desuso.

La propuesta consigna que las concesionarias y permisionarias que, conforme a esta ley, cuenten con líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones, serán responsables de su adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro, conforme a la obligación legal de contar con planes de gestión y manejo de redes.

Se especifica luego que estos planes deberán dictarse en un plazo de 90 días, contado desde la publicación de esta norma como ley; y detalla que la regla se extenderá a las instalaciones de tales artefactos, incluidos los adosados exteriormente a edificios, en condominios de viviendas sociales.

Plazos y sanciones

De acuerdo a la norma, el plazo para proceder a su ordenación o retiro no podrá superar los cinco meses desde la calificación de desecho, salvo en aquellos casos justificados que se señalen en la citada normativa, y cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria o permisionaria.

Cabe señalar que el incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa a beneficio municipal de cien a mil UTM (entre 4.903.300 pesos y 49.033.000 pesos). La iniciativa precisa, además, que si las compañías no cumplen con el retiro dentro del plazo, los municipios podrán quitar estos elementos pero con cargo a estas, exigiendo el reembolso de todos los costos asociados a ello.

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