Más dudas que certezas dejó la autopsia que realizaron los médicos forenses adscritos al Ministerio Público sobre el cuerpo de Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta que murió bajo arresto por presuntamente participar en un intento de atentado contra Nicolás Maduro y otros líderes chavistas.
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El militar falleció el sábado cuando se encontraba en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde el viernes 21 de junio, junto a otras seis personas acusados de planear el asesinato de Maduro.
Los abogados de Acosta Arévalo denunciaron que el militar fue sometido a torturas durante su detención, por lo tanto su familia, oposición y organismos internacionales, incluida la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han pedido que se realice una autopsia con expertos independientes e imparciales.
Sin embargo, el gobierno chavista se resiste y aseguran que el caso está en sus manos.
No obstante, Zair Mundaray, ex fiscal en el exilio, dio a conocer un informe forense filtrado que demostraba que el cuerpo de Acosta presentaba claros signos de tortura.
Acosta Arévalo tiene «16 arcos costales fracturados, ocho de cada lado, las tres primeras y la última en buen estado, de ambos lados. Fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo en la cara interna y ambas extremidades», indicó Mundaray.
«Lesiones (similares a latigazos) en espalda y muslos parte posterior, un pie fracturado, múltiples excoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies (se presume electrocución). Por más que intenten pueden ocultar este crimen», sentenció.
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DGCIM
Por el caso fueron arrestados esta semana un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que laboran en la DGCIM, uno de 23 y el otro de 22 años. La Fiscalía General les imputó el delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede del organismo donde laboraban.
Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que el gobierno socialista «rechaza cualquier acto de tortura o de violencia venga de donde venga», y exhortó a los cuerpos de seguridad a seguir sin inhibiciones las investigaciones sobre el supuesto complot para asesinar a Maduro y otros funcionarios.
El activista Alonso Medina Roa, uno de los defensores del militar fallecido, condenó que el Ministerio Público no incluyera el delito de tortura en la acción contra los dos funcionarios de la DGCIM, y dijo que ejercerá acciones internacionales contra el estado venezolano por el caso del capitán de corbeta.
Bachelet también lamentó que las alegaciones de tortura no fueran incluidas en los cargos. Asimismo, solicitó a las autoridades que se permita a los otros seis militares y policías detenidos por el supuesto complot que sean visitados por sus abogados y familiares y que sean tratados con «humanidad».
La DGCIM encabezó la lista de denuncias de tortura que presentó el año pasado la organización humanitaria Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual. La organización reportó 75 casos de supuestas torturas a detenidos cometidas por miembros del cuerpo de inteligencia militar.
