Finalmente, este jueves la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) hizo público el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
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Tras la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet, el organismo de la ONU detectó que «durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial».
#Venezuela – Ya esta disponible el informe de la Alta Comisionada @mbachelet sobre la situación de #DerechosHumanos en el país. El mismo será presentado mañana ante el Consejo de Derechos Humanos.
Acceda al informe 👉🏼 https://t.co/mP1zEqobVa
— OACNUDH (@OACNUDH) July 4, 2019
«Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas», sentencian.
El gobierno venezolano registró una cifra “escandalosamente alta” de casi 5.300 muertes en operativos de seguridad el año pasado y tales muertes se debieron a “resistencia a la autoridad”. Otras 1.569 se registraron en los primeros cuatro o cinco meses del 2019.
De acuerdo con el informe, «esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual».
El informe apunta principalmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado.
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«Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES», sentencian.
Al ACNUDH le preocupa que «las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social«.
Por su parte, los organismos responsables de la protección de los derechos humanos «generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales».
«El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación», sentencian.
De la misma manera agregan que «la impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas».
El informe de Bachelet, que abarca los últimos 18 meses, aparece después de su viaje al país sudamericano en junio y utiliza testimonios de defensores de derechos humanos, víctimas, testigos de violaciones y otras fuentes.
Torturas
El documento asegura que «el ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Sin tener acceso a abogados/as, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas«.
«Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares», agregan.
En la mayoría de los 135 casos contabilizados por la ACNUDH los detenidos fueron sometidos a «formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas«.
«Las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad’. En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen».
Recomendaciones de la ONU
El informe recomienda directamente que se «disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas»
«Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos».
Y que garantice «la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva».
