Una masacre constante en Filipinas: al menos 6.600 ejecutados en tres años por campaña anti-drogas de Duterte

Organismos no gubernamentales afirman que la cifra de muertos es mucho mayor

Por Francisca Herrera

Con al menos 6.600 ejecuciones en tres años, que son solo los asesinatos reconocidos oficialmente, la guerra antidrogas llevada a cabo por el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas se ha trasformado en una masacre.

Tras revelar un nuevo informe, Amnistía Internacional exhortó a Naciones Unidas a realizar una investigación inmediata que ayude a poner fin a lo que consideró posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante la sangrienta campaña antidrogas del presidente filipino.

El grupo de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, señaló en se reporte publicado el lunes que las ejecuciones extrajudiciales registradas en la campaña de Duterte  continúan en ascenso y la escala de abusos ha alcanzado “el umbral de los crímenes contra la humanidad”.

"La 'guerra contra las drogas' del presidente Duterte continúa siendo nada más que una empresa sanguinaria, emprendida a gran escala para que quienes viven en la pobreza sigan pagando el precio más alto", indica Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sudeste Asiático.

Cerca de 6.600 personas, la mayoría de ellas acusada de insignificantes delitos relacionados con drogas, han sido ejecutadas en la campaña que Duterte lanzó como su proyecto principal cuando asumió la presidencia a mediados de 2016.

Sin embargo, organismos no gubernamentales afirman que la cifra de muertos es mucho mayor, e incluye a muchas personas que fueron asesinadas por hombres armados a bordo de motocicletas que, según sospechan los grupos en defensa de derechos humanos, son financiados por agentes de la policía.

Amnistía subrayó que la provincia de Bulacan, al norte de la capital, se ha convertido en "la zona de ejecuciones más sangrienta del país" luego que algunos policías implicados en la campaña fueron transferidos a la región procedentes de la metrópolis de Manila, que solía ser el "epicentro de las ejecuciones".

De momento el gobierno filipino no ofreció declaraciones respecto al reporte de Amnistía Internacional, pero Duterte y la policía han negado que se hayan autorizado las ejecuciones extrajudiciales.

El mandatario filipino ha amenazado repetidamente a través de discursos por televisión con matar a personas vinculadas con las drogas y ha alentado a agentes del orden público a disparar contra sospechosos que se resistan. El presidente ha advertido que el operativo sería más peligroso para tales personas en los últimos tres años de su sexenio en el poder.

 

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