Es un gasto no menor para las familias, más para aquellas que apenas sobreviven con uno o dos sueldos mínimos. Según un estudio, un hogar gasta mensualmente en promedio 155 mil pesos solo para costear los viajes que deben realizar sus integrantes por razones de trabajo, estudios y acceso a servicios.
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Esta es una de las conclusiones del estudio “Acceso a la ciudad: impactos y oportunidades de los servicios en la calidad de vida”, presentado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la 8ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, “ReOrganización urbana: desafíos para ciudades accesibles y equitativas”, que anualmente realiza esta asociación gremial.
La cifra, considerando tres integrantes de una familia y que representa 14% de su ingreso, refleja la composición promedio de los viajes que realizan los hogares del Gran Santiago, ya que no todos hacen los tres tipos de viajes analizados. De hecho, si así fuera, y de acuerdo con las cifras entregadas por el gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado, los gastos mensuales en movilización serían aún mayores: $118 mil en viajes por trabajo, $85 mil en viajes por servicios y $46 mil en viajes por estudios.
“Normalmente, cuando se quiere dimensionar el impacto que tienen los viajes en las condiciones de vida de las personas, se considera el tiempo que gastan en trasladarse. Con este estudio queremos aportar una dimensión adicional, como es el costo monetario de estos desplazamientos, que no solo puede llegar a ser muy elevado, sino que es crecientemente significativo para los hogares en la medida en que tienen menos ingresos mensuales”, explica el ejecutivo gremial.
Gasto desigual
Frente a estos datos, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, enfatizó que “si lo que se busca es tener ciudades más accesibles y equitativas no solo se debe seguir invirtiendo en ampliar y mejorar la red de transporte. También se debe hacer un esfuerzo integral por reorganizar las actividades que se desarrollan en nuestras ciudades, de modo que todos puedan tener a su alcance las oportunidades que estas ofrecen”.
En esa línea, “el principal desafío es lograr que las personas puedan hacer menos viajes y más breves a propósito de sus actividades diarias, lo que reduciría sus gastos y mejoraría su calidad de vida”, añade Hurtado. Y, para ello, plantea un primer camino de acción: partir por reorganizar los servicios, particularmente privados, tales como almacenes, supermercados, malls, strip centers, farmacias, cajeros automáticos y entretenimientos, entre otros.
“Si bien el acceso a servicios no es lo que genera mayores costos en términos de tiempos de traslado, representa un alto gasto monetario respecto de los ingresos de los hogares, teniendo un impacto económico casi tan relevante como los viajes por trabajo”, agrega.
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Y no solo eso. Su impacto es además abiertamente regresivo si se considera lo que muestra el mismo informe: que, por ejemplo, los hogares de La Pintana gastan, en relación con su ingreso promedio mensual, cinco veces más para acceder a servicios que los hogares de las comunas de Providencia y Las Condes (21% del ingreso promedio mensual vs. 4%).
Ahora bien, cabe tener en cuenta que en el caso de los servicios privados conviven dos fenómenos. “Por un lado, el 90% de estos se concentra en sectores con hogares que están dentro del 30% de mayores ingresos a escala metropolitana, siendo el factor socioeconómico un determinante importante en su localización en la ciudad. Pero, por otro, también se observa que poseen una mayor distribución espacial que los servicios públicos, por lo que estarían en mejores condiciones de ampliar su presencia en el territorio”.
La pregunta entonces es qué se necesita para que esta posibilidad se materialice. “En las decisiones de localización de los servicios privados inciden fundamentalmente cuatro factores: la calidad del entorno urbano (áreas verdes, calles y veredas, entre otros), la seguridad del sector, la accesibilidad al Metro y la actividad residencial, siendo el primero de ellos el que tiene mayor incidencia. Mejorar estos factores podría fomentar de manera importante la localización de servicios en más puntos de la ciudad”, sostiene el ejecutivo.
Para ello, el gremio propone dos grandes líneas de acción: potenciar la inversión pública para el mejoramiento del espacio urbano, que debiera cumplir estándares mínimos en todas las comunas, y generar mecanismos que incentiven la inversión y la asociación pública-privada y que permitan aportar al mejoramiento de las condiciones bases del espacio urbano.
