El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió luego de ser detenido por miembros del servicio de contrainteligencia militar, fue sepultado en Caracas por orden del gobierno ignorando los deseos de sus familiares que habían pedido sepultarlo en la ciudad de Maracay, de donde era oriundo.
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Acosta Arévalo falleció el 29 de junio una semana después de ser apresado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusado de estar vinculado con un supuesto complot contra el gobierno.
Las dudosas circunstancias de su muerte y los signos de tortura que tenía el militar desataron una intensa polémica que golpeó al gobierno de Nicolás Maduro.
Abogados y familiares denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas durante su reclusión, y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas excoriaciones, hematomas y restos de sangre en las uñas.
El director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, informó sobre los hallazgos médicos legales en el cuerpo del capitán: «16 arcos costales fracturados, ocho de cada lado, las tres primeras y la última en buen estado, de ambos lados. Fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y rodillas, hematomas en el muslo en la cara interna y ambas extremidades. Lesiones (similares a latigazos) en espalda y muslos parte posterior, un pie fracturado, múltiples escoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies (se presume electrocución)”.
Entierro
El cuerpo hoy salió de la morgue doce días después del asesinato, sin que la familia o los abogados pudieran tener acceso al cadáver para constatar su estado. Tampoco pudieron hacer una autopsia independiente, pero uno de sus abogados reconoció que la autopsia hecha por el Estado sí refleja la realidad de lo ocurrido.
Los restos fueron trasladados hasta un cementerio ubicado al este de Caracas con escolta policial y equipos antimotines. El lugar también fue cercado por funcionarios armados.
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Alonso Medina Roa, abogado de la familia de la víctima, calificó el procedimiento como “una inhumación controlada”. Luego dijo que la actitud del gobierno fue: “Yo lo maté, y yo lo entierro”.
