Es un gasto no menor para las familias, más para aquellas que apenas sobreviven con uno o dos sueldos mínimos. Según un estudio, un hogar gasta mensualmente en promedio 155 mil pesos solo para costear los viajes que deben realizar sus integrantes por razones de trabajo, estudios y acceso a servicios.
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Esta es una de las conclusiones del estudio “Acceso a la ciudad: impactos y oportunidades de los servicios en la calidad de vida”, presentado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la 8ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, “ReOrganización urbana: desafíos para ciudades accesibles y equitativas”, que anualmente realiza esta asociación gremial.
La cifra, considerando tres integrantes de una familia y que representa 14% de su ingreso, refleja la composición promedio de los viajes que realizan los hogares del Gran Santiago.
“Normalmente, cuando se quiere dimensionar el impacto que tienen los viajes en las condiciones de vida de las personas, se considera el tiempo que gastan en trasladarse. Con este estudio queremos aportar una dimensión adicional, como es el costo monetario de estos desplazamientos, que no sólo puede llegar a ser muy elevado, sino que es crecientemente significativo para los hogares en la medida en que tienen menos ingresos mensuales”, explica el gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado.
Sin embargo, este reporte dio cuenta de que la inequidad de la sociedad chilena se hace patente, incluso, en este ítem. Por ejemplo, los hogares de La Pintana gastan, en relación con su ingreso promedio mensual, cinco veces más para acceder a servicios que los hogares de las comunas de Providencia y Las Condes (21% vs. 4%), consideran que en estas últimas tienen mayor acceso o tienen el trabajo, los estudios o los servicios más cerca.
Al respecto, el presidente de la CChC, Patricio Donoso, enfatizó que “si lo que se busca es tener ciudades más accesibles y equitativas no solo se debe seguir invirtiendo en ampliar y mejorar la red de transporte. También se debe hacer un esfuerzo integral por reorganizar las actividades que se desarrollan en nuestras ciudades”.
¿Realidad corregible?
Uno de los factores determinantes en esta brecha es que 90% de los servicios privados se concentra en sectores con hogares que están dentro del 30% de mayores ingresos. Frente a esto, el gremio propone potenciar la inversión pública para el mejoramiento del espacio urbano y generar mecanismos que incentiven la inversión y la asociación pública-privada.
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Con matices, Leonardo Cortés, académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la U. Central, opina que “hay que pensar en cómo el Estado puede intervenir, sin aumentar estas brechas de desigualdad. Esto quiere decir, que sus inversiones en accesibilidad, áreas verdes o calidad de vida, no impliquen una capitalización de estas por parte de inversores que terminen comprando propiedades, construyendo edificaciones de bajos estándares de calidad y desplazando a la misma población para la cual originalmente se desarrollaron las inversiones públicas”.
En ese sentido, si se piensa en intentar un reordenamiento urbano para darle más acceso a servicios a zonas de la capital de menos recursos, el experto apunta que es “casi imposible pensar en esto si la lógica de sectores muy influyentes como la misma Cámara Chilena de la Construcción que hace este estudio, son las de considerar el suelo urbano una mercancías”.
Añade que la necesidad de descentralizar servicios es una urgencia y el Estado debe invertir en esto, “pero también es necesario regular el mercado de suelos e inmobiliario, para que estas inversiones no se pierdan en especulaciones”.
Cortés también apunta al propio Estado como responsable de esta realidad, ya que “actualmente no posee una forma de regular las distintas escalas de la ciudad y el territorio de forma eficiente”.
