Piñera firma proyecto para cambiar ley de arriendo: ¿Qué beneficios trae para arrendatarios y arrendadores?

La Ley de arriendo fue creada en 1982 y no había tenido modificaciones.

Por Fresia Ramírez

Esta mañana Sebastián Piñera y el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, llegaron a Conchalí. El objetivo era presentar la iniciativa que busca modernizar la ley de arriendo creada en 1982.

Se estima que cada año se registran 20 mil juicios entre arrendatarios y arrendadores, procesos que provocan un desgaste importante, además de gastos económicos y tiempo en trámites y traslados. Es en ese escenario que llega la modificación, que promete buscar un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.

Beneficios para el arrendatario

El proyecto busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento. Esto facilita permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño. Además las garantías, dolores de cabeza para arrendatarios, también sufrirán modificaciones. Estas no podrán ser superiores a dos rentas mensuales. También deberán ser restituidas dentro de los 60 días a partir de la restitución del inmueble. De realizarse descuentos en su devolución, deberán justificarse y documentar los gastos que lo motivaron.

La iniciativa también incluye que se puedan efectuar demandas, sin abogado de por medio. Este punto que beneficiará a ambos será aplicable si el valor mensual del arriendo llega a las 8 UTM ($ 400 mil aprox.).

Beneficios para el arrendador

Un beneficio de la otra vereda es que se fija un plazo de 10 días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios. De esta forma se evita que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen.

El proyecto propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatario morosos. También se establecerá una protección para los arrendatarios, y las viviendas deberán cumplir con el estándar que exige la ordenanza general de urbanismo y construcciones, con multas de no cumplimiento entre cinco a 100 UTM ($250 mil aprox. a $5.000.000 aprox.)

 

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