Sanciones bajas para la empresa, pero los clientes tendrán dos meses sin tener que pagar la cuenta. Ese es, hasta ahora, el saldo que saca Essal por dejar por una semana sin agua potable a Osorno. Frente a esto es que ya hay iniciativas para que a las compañías les duela más cometer este tipo de errores.
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Una de ella es la anunciada por los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, presidentes de las comisiones de Medio Ambiente y de Obras Públicas del Senado, quienes ingresarán una iniciativa legal que permitirá caducar la concesión a una empresa sanitaria “si comete infracciones reiteradas o pongan en riesgo o dañen gravemente la salud de la población”.
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Al respecto, Girardi señaló que “queremos evitar que se repitan sucesos como los de Osorno y por eso ya presentamos una denuncia penal contra quienes resulten responsables, porque es una situación gravísima poner en riesgo la salud de 180 mil personas y la empresa sólo se expone a una multa de 600 millones de pesos que no es nada comparado con las millonarias utilidades que perciben –recuerden que son monopolios- y no se transforma en un desincentivo”.
El senador subrayó que esta empresa tiene 85 procesos sancionatorios pero «las multas no son relevantes, así que prefiere pagarlas y no hacer los cambios correspondientes e invertir en acciones preventivas”.
Agregó que “por eso vamos a presentar esta iniciativa y pedir a todos los senadores que la apoyen, queremos establecer un procedimiento expedito para caducar la concesión si cometen infracciones reiteradas o daña gravemente la salud de la población. Cosa que hoy día no se puede hacer».
Y recordó que “en el proyecto que crea el delito ambiental, que se tramita en la Comisión de Medio Ambiente, vamos a establecer penas de cárcel para aquellos gerentes que violen la ley o dañen y pongan en riesgo gravemente la salud de la población”.
Por su parte la senadora Ximena Órdenes afirmó que “es necesario especificar razones de caducidad de las concesiones otorgadas a las empresas sanitarias, estamos convencidos que hay que modernizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss), sobre todo en materia de normar los procesos sancionatorios, establecer mayor participación ciudadana y trasparencia en la toma de decisiones y ejercicios de tarificación”.
Agregó que “hoy tenemos la empresa Essal con derechos indefinidos y eso es lo que hay que revisar y volver a normar. La ley establece causales de caducidad, pero son muy amplias: faltas al contrato de concesiones, que las condiciones del servicio no tengan un correlato con las exigencias instituidas y que no se cumpla con el programa de desarrollo, pero eso no es suficiente”.
Para la parlamentaria, “lo que ocurrió en Osorno es de la máxima gravedad y debería ser en sí misma una razón de caducidad, más allá de las compensaciones amistosas que se han anunciado, porque hay que hacer una advertencia para todas las empresas sanitarias del país que se han acostumbrado sólo a pagar las multas, porque es un costo marginal comparado con sus utilidades”.
Órdenes dijo “por eso vamos ingresar este proyecto de ley que incorpora como causal de caducidad de la concesión sanitaria poner en peligro la vida o la salud de las personas. Esperamos avanzar prontamente, paralelo a lo que estamos haciendo en la reforma a la Ley General de Servicios Sanitarios”.