El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres, fue reformalizado hoy por nuevos hechos de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho, supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. No se pidieron medidas cautelares y el plazo de cierre de la investigación sigue en 180 días.
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Estos hechos se suman a los expuestos en la primera audiencia de formalización de Elgueta, efectuada en 26 de abril pasado, cuando la causa aún estaba en manos del ahora suspendido fiscal Sergio Moya, quien lo formalizó por prevaricación y enriquecimiento ilícito.
En la audiencia de hoy, efectuada en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la formalización estuvo a cargo del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, enumeró los delitos que se le imputan a Elgueta agrupados en siete hechos.
El primero se relaciona con el médico Luis Arenas, condenado por tráfico de drogas. Según el fiscal, Elgueta no se inhabilitó por amistad con el médico, e intercedió en una orden de no innovar contra la seremi de Salud, lo que permitió a Arenas seguir traficando con un sicotrópico de receta retenida. El fiscal calificó el hecho como prevaricación.
El segundo hecho consiste en la tramitación de siete recursos patrocinados por el abogado Gabriel Henríquez Arzola, también amigo del juez Elgueta, por lo que debió inhabilitarse y no lo hizo. Los recursos buscaban fueron acogidos por la corte y permitieron alzar prisiones preventivas, incluso en algunos casos de tráfico de drogas. El fiscal calificó este hecho como siete delitos de prevaricación.
El tercer hecho dice relación con el sobreseimiento en una causa por perjurio que favoreció al abogado e imputado Víctor Beltrán Valenzuela, también representado por Henríquez Arzola. El fiscal expuso que Beltrán Valenzuela también es amigo del juez Elgueta, por lo que debió inhabilitarse y no lo hizo, por lo cual calificó este hecho como prevaricación.
El mismo delito se configuró, según el fiscal, en el cuarto hecho imputado, que se relaciona con un recurso de apelación acogido en favor de otros dos abogados amigos del magistrado Elgueta: Rodrigo Guerrero Román y Juan Carlos Rojas.
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Luego, el fiscal Barros pasó al delito de incremento patrimonial injustificado del ministro Elgueta, quien en el análisis de sus ingresos y movimientos bancarios entre 2016 y 2018 registra un aumento de sus dineros por más de 24 millones de pesos.
En el sexto hecho expuesto por el fiscal Barros aparece favorecida Carla Vásquez Valenzuela, hija de otro ministro suspendido de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez. Según el fiscal Barros, el juez Elgueta intercedió para que Carla Vásquez fuera nombrada como consejera técnica en los juzgados de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, Litueche, Santa Cruz y Peumo, estando inhabilitada para el cargo por su parentesco. El fiscal imputó 11 delitos de nombramiento ilegal.
Finalmente, el séptimo hecho es una intervención de Elgueta en el Primer Juzgado Civil de Rancagua para la contratación de Carolina Muñoz Ramírez sin concurso público, para lo cual Elgueta ofreció a la oficial a cargo del proceso votar por ella para su nombramiento como jueza titular. El fiscal Barros imputó delitos de tráfico de influencias y cohecho.
