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Los promitentes compradores del Conjunto Inmobiliario Bellavista pudieron hacerse parte de la causa en contra del decreto de demolición decretado por la Municipalidad de Recoleta del inmueble situado en calle Dardignac 44, que permanece en litigio judicial con la inmobiliaria desde hace seis años, sin que hayan podido ocupar los departamentos adquiridos. De esta forma se les reconoció su derecho como propietarios para establecer acciones legales ante los tribunales.
La resolución de la Primera Sala del Tribunal de Alzada, firmada por los ministros Leopoldo Llanos, la ministra (s) Lidia Poza y la abogado integrante Paola Herrera, se pronunció por unanimidad en favor del derecho que les asiste de hacerse parte en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria en contra de la resolución de la Municipalidad de Recoleta, que dictó un decreto de demolición del edificio, aludiendo que los permisos de edificación estaban caducados.
Los propietarios del inmueble, que está terminado desde 2012 y que desde entonces no han podido habitarlo, por falta de recepción municipal, recurrieron a la justicia como una manera de defender sus derechos, señalando que el anterior decreto de demolición fue declarado ilegal por la Corte Suprema en mayo de 2017, y que desechó en todas sus causas el fundamento de la municipalidad para dictar el mencionado decreto.
El abogado patrocinador de la causa, Francisco Toyos, consideró esta resolución como un importante avance por cuanto “creemos que los propietarios pueden aportar mucho en este debate, ya que son las grandes víctimas de lo resuelto y lo actuado por la municipalidad”.
Agregó el profesional que de este modo “los prominentes compradores, por todo lo que han sufrido en estos seis años, podrán ahora cooperar en favor de que prontamente sea recibido el edificio y poder vivir en lo que fue el sueño de sus vidas”.
A la fecha, y producto de este conflicto entre la inmobiliaria y la corporación edilicia, son 250 las familias que no han podido ocupar el edificio que corresponde a la torre 2 del mencionado proyecto habitacional.
Por su parte, el periodista Jorge Díaz, uno de los propietarios y vocero de los compradores afectados, señaló su satisfacción por la noticia: “Estamos muy contentos de esta resolución donde se nos reconoce legítimamente como propietarios de estos departamentos. Sobre todo, porque se echa abajo toda la teoría del alcalde Jadue en relación a que nosotros mentíamos y no teníamos ningún derecho. Aquí la Corte de Apelaciones ha dicho todo lo contrario y nos da la razón”.
