La Comunidad Mau Henua de Rapa Nui, a través de una declaración pública de su líder Camilo Rapu, acusó al Gobierno de intentar despojarlo de la administración del parque de la isla. Luego de enviar los antecedentes del caso a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el dirigente aseveró que «funcionarios públicos e instituciones del Estado chileno se coludieron para intentar quitarnos la administración del parque que la Presidenta Bachelet nos entregó por 50 años. Con ello, el Estado chileno se quedaría con todos los sitios históricos y entre ellos los moai. Lo anterior fue materializado a través de una querella por usurpación que interpuso el intendente de Valparaíso y de la que luego se desistió».
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En el mismo comunicado, la comunidad rapa nui subraya que «lo anterior tiene mayor relevancia si se considera que la actual gestión del parque en manos del pueblo Rapa Nui genera más de 4.000 millones al año mientras que, bajo el Estado Chileno, el parque aportaba a la isla no más de 200 millones al año. Asimismo en forma ilegal han intentado instalar una directiva paralela de nuestra comunidad. Estamos investigando el hecho que en esta operación, contaría con la asesoría de un abogado ex funcionario del Subsecretario Ubilla».
Asimismo, sostienen que «pese a los pronunciamientos del tribunal electoral, la CONADI inscribió a otra directiva. Hasta el día de hoy y pese a las resoluciones del tribunal, CONADI sigue actuando fuera de lo dictado por los tribunales.
Con la intención de criminalizar a la comunidad Rapa Nui, en diversas publicaciones electrónicas, se han filtrado acusaciones relacionadas con falta de probidad en contra de la actual directiva de Mau Henua. Las acusaciones se basan en una incompleta auditoria que la comunidad ha respondido punto por punto», agrega.
De acuerdo a los antecedentes que la comunidad adjunta en su declaración suscrita por Camilo Rapu, en 1933, «bajo la administración de Rapa Nui por parte de la Armada, por decisión unilateral y en violación a los fundamentos del Tratado de 1888, el Estado de Chile decide inscribir las tierra de la isla (16.600 has) a nombre del Fisco chileno. Se ampara para esto en el artículo 590 del Código Civil de 1933, inscribiendo estas tierras sin reconocer ningún derecho de propiedad a los habitantes originarios de Rapa Nui. La anexión de la isla por el Estado de Chile significó la usurpación del patrimonio cultural tangible e intangible de su cultura».
