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Con críticas a la capacidad para realizar sus labores y a la falta de respuesta reaccionaron este martes los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de un reportaje que denunciaba irregularidades en pago de contribuciones.
La investigación de Informe Especial de TVN daba cuenta, entre otras cosas, que algunos dueños de viviendas y terrenos pagaban menos impuesto territorial del que les correspondería, debido a que para el organismo los terrenos eran agrícolas o las casas figuraban como DFL2 (140 m2 o menos) cuando en realidad eran más grandes. Casos como estos se encontraron en barrios acomodados de la capital como en Lo Curro y en la costa de Zapallar.
La Asociación Nacional de Funcionarios del SII y en la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos expresó mediante una declaración que los hechos denunciados “no son desconocidos”, sin embargo acusan «la existencia de múltiples dificultades estructurales, que impiden poder llevar a cabo una correcta labor de fiscalización de los impuestos territoriales”.
Lo anterior debido a que “solo contamos con 242 fiscalizadores tasadores para un total de 345 municipios, cifra que claramente resulta insuficiente para el desarrollo de planes y programas de fiscalización”, apuntan desde el gremio.
Por otro lado apuntaron a que “en Chile, la normativa tributaria se basa en el principio de la Buena Fe del Contribuyente», por lo que «si éste no declara las modificaciones ante los municipios y éstos a su vez no fiscalizan o dejan pendientes los trámites de recepción final de las construcciones, el Servicio difícilmente puede dar cuenta de estas inconsistencias con la realidad, las que, en caso de acreditarse».
En ese sentido, los trabajadores sostienen que para contrarrestar esta realidad “se requieren cambios en la ley y aplicar multas fuertes en caso de constatar esta evasión tributaria y, permitir el cobro de impuestos retroactivos, a lo menos 10 años hacia atrás”, no hasta un máximo de tres como es ahora.
Críticas al silencio del SII
La agrupación también criticó que el organismo no accediera a responder a las preguntas del reportaje del canal público, lo cual calificaron de “incomprensible e inaceptable”.
“Negarse a responder las legítimas consultas de la ciudadanía, contraviene la legislación vigente en relación a la transparencia de los actos administrativos de las instituciones públicas”, expresó el gremio de funcionarios.
