La falta o deficiencia de conectividad en determinadas áreas puede llevar a los usuarios de telecomunicaciones que viven en zonas rurales y/o extremas a recurrir a alternativas poco frecuentes, como, por ejemplo, tener dos o tres dispositivos móviles o chips para poder conectarse a las redes dependiendo del lugar en que estos se encuentren.
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No sólo ellos son los afectados, ya que el resto de los usuarios también pueden experimentar pérdida de señal cuando recorren tramos extensos al salir de las ciudades.
Para resolver este déficit, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de Ley de Roaming Automático Nacional (RAN), que busca mejorar estos problemas de conectividad. ¿Cómo funcionaría? La iniciativa establece la obligación a las empresas de telecomunicaciones de permitir el uso de sus redes, con la respectiva remuneración que esto conlleva, sin que esto signifique un costo adicional para las personas.
En lo concreto, el proyecto permitirá que los usuarios de una empresa que no cuenten con conectividad en determinadas áreas del país, puedan ahora por ley utilizar las redes disponibles de otras compañías obteniendo así una mayor cobertura de telefonía móvil. En esta línea, serán las mismas empresas las que deban remunerarse entre ellas los servicios prestados.
“Nuestro rol apunta a buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos en materia de conectividad. Por ello, como Gobierno hemos decidido impulsar este proyecto de ley, para así evitar que los usuarios de telecomunicaciones que vivan en zonas rurales o aisladas tengan que contratar más de un servicio móvil, además de asegurar que quienes visiten dichas áreas cuenten con constante conectividad”, señaló la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Por su parte, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, afirmó que “con este proyecto, generaremos mayor competencia y lograremos que nunca más los usuarios de telecomunicaciones tengan que tener dos o tres chips para poder llamar por teléfono o conectarse a Internet”.
El proyecto en cuestión indica que las empresas de telecomunicaciones deben formular y mantener actualizadas ofertas mayoristas, entendidas como el conjunto de condiciones técnicas, económicas, operativas y comerciales bajo las cuales un operador móvil con red entrega acceso a su infraestructura.
Las ofertas quedarán sujetas a la aprobación de Subtel, sin perjuicio de una posterior revisión que también pueda efectuar la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
