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La Cámara de Diputados aprobó en general una propuesta de ley que obliga a las empresas de distribución eléctrica a asumir los costos de retiro y reposición de los medidores, iniciativa que ahora pasó a la Comisión de Minería y Energía para realizar ajustes al texto aprobado.
El proyecto, corrige las consecuencias de la Ley 21.076, que originalmente buscaba que las empresas se hicieran cargo de la reposición de los medidores en caso de catástrofes naturales, pero que, sin embargo, terminó por abrir la puerta para que las compañías cobren por los artefactos que instalen, pese a mantener la titularidad de su propiedad.
De esta forma, la iniciativa modifica la Ley General de Servicios Eléctricos definiendo que «el retiro y reposición del empalme y medidor será íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, siempre que la inutilización de la obra se haya producido por una fuerza mayor, como sismo, salida de mar, temporal u otra calamidad, y que la autoridad competente haya decretado zona de catástrofe».
Luego, aclara que «este retiro y reposición no quedará condicionado a la existencia de morosidad en la cuenta o saldo pendiente en el momento en que se produzca la fuerza mayor y se haya decretado por la autoridad competente zona de catástrofe”.
Como consecuencia de lo anterior, se pretende derogar las cuestionadas normas que abordan el tema de la propiedad de los aparatos y empalme, junto con quien deberá hacerse cargo del costo del retiro o desmantelamiento de estos; las respectivas autorizaciones para modificar los decretos tarifarios pertinentes; y la entrada en vigencia de las disposiciones.
El proyecto volvió ahora a la Comisión de Minería y Energía con el objeto de analizar una indicación relacionada con el derecho de propiedad que tienen los usuarios respecto de los medidores y empalmes.
