La Fiscalía Nacional Económica (FNE) puso término a dos investigaciones sobre el funcionamiento de las licitaciones de seguros asociados a créditos hipotecarios, con la presentación de un requerimiento contra el Banco Bci ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y con el envío al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de propuestas de cambios normativos sobre la regulación de estos productos.
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En su requerimiento, la FNE señala que el Banco Bci infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios del 2017, pues excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de Bci Corredores. Bci Corredores es una de las empresas filiales del Banco Bci.
Publimetro consultó al BCI su postura sobre este particular y recibimos la siguiente respuesta: «analizaremos los antecedentes cuando seamos notificados del requerimiento, con la convicción de que en Bci velamos permanentemente por el cumplimiento del marco legal y normativo vigente».
A través de esta actuación, afirma la FNE, el Banco Bci logró beneficiarse económicamente, pues obtuvo de modo mensual, durante dos años, ingresos que no habría recibido si la licitación hubiese operado en condiciones competitivas. Todo esto, según el requerimiento, en directo perjuicio de los deudores hipotecarios de este banco (que a la fecha de la licitación superaban los 80.000), quienes debieron asumir finalmente una prima superior a aquella ofrecida por la mejor oferta. Así, durante los dos años de vigencia de la póliza, estos clientes pagaron por el seguro de desgravamen un sobreprecio cercano a los $ 1.500 millones de pesos.
Dada la ejecución de este abuso explotativo, la FNE solicitó al TDLC que ordene al Banco Bci realizar licitaciones que aseguren una competencia efectiva entre los oferentes, con la debida transparencia en los procesos licitatorios, y la aplicación de una multa a beneficio fiscal de 3.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 3 millones.
Propuesta de cambios normativos
A la fecha, la FNE no ha detectado infracciones adicionales a las cometidas por el Banco Bci, pero sí concluyó que existen algunas disposiciones en la Ley de Seguros (Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931) y en la normativa sectorial que regula estas licitaciones que podrían desincentivar la competencia, particularmente entre las corredoras de este tipo de seguros, por lo cual envió al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una proposición de cambios normativos.
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Las principales recomendaciones de la FNE dicen relación con que se permita que las aseguradoras decidan si concurrirán a una licitación con o sin corredor, regular específicamente los servicios esperables de un corredor en esta industria, esclarecer normativamente quién y de qué forma recaudará las primas y eliminar el derecho de reemplazo, que permite al licitante cambiar al ganador de la licitación por otro participante del proceso, según sus criterios e intereses.
En la actualidad, se permite que las entidades crediticias exijan a las aseguradoras participar junto a un corredor de seguros en sus licitaciones. Al respecto, la investigación detectó que cuando existe integración vertical entre la entidad licitante y un corredor, la intensidad competitiva en el servicio de corretaje es muy baja.
De hecho, se constató que sólo en 5,2% de las licitaciones de entidades que se encuentran verticalmente integradas se presentó una oferta que incluía la presencia de un corredor no relacionado, pese a que las comisiones cobradas por estos últimos son hasta 70% más bajas que las fijadas por un corredor perteneciente al mismo grupo que el banco licitante.
Según las estimaciones de la FNE, en caso de ser acogidas sus propuestas, podrían verse beneficiados más de 1 millón de deudores hipotecarios. De hecho, para el caso de un deudor promedio (que posee un saldo insoluto de UF 1.400 y una tasa de interés de 4%), se lograría un ahorro de entre $ 1.300 y $ 2.200 mensuales, lo que, proyectado a la extensión total de un crédito de 20 años, sumaría entre $ 310 mil y $ 530 mil pesos.
De acuerdo a estas estimaciones, la FNE calcula que, en el total de la industria, los deudores ahorrarían cada año entre US$ 28,2 y US$ 37,8 millones.
La Fiscalía también observó una importante dispersión entre las comisiones que cobran las distintas instituciones corredoras (llegando hasta 25% del valor del seguro) lo que no se explica por razones de costos o servicios prestados. También se detectó que algunas entidades que no tienen un corredor verticalmente integrado simplemente no requieren de uno para operar, lo que evita traspasar este cobro al cliente, sin que se aprecie una reducción en la calidad de servicio.
Además, actualmente la ley permite que la entidad crediticia establezca exigencias que son de fácil cumplimiento para un corredor relacionado, pero que generan una importante incertidumbre para un desafiante. Entre ellas, se cuenta la necesidad de recaudar el seguro (pese a que éste se cobra junto al dividendo hipotecario) o de contar con un número elevado de puntos de atención.
