La senadora Carmen Gloria Aravena (RN); junto a Manuel José Ossandón (RN), Rafael Prohens (RN), Juan Castro (RN) y Yasna Provoste (DC), presentaron un proyecto de ley que busca aumentar la aplicación de penas sustitutivas de libertad vigilada, permitiendo el uso de sistemas de monitoreo telemático en casos en que la pena sea inferior a dos años.
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La iniciativa legal persigue reducir el hacinamiento de cárceles, al disminuir efectivamente el total de población encarcelada y, por sobre todo, ser de gran utilidad en condenas asociadas a delitos como el femicidio, ya que el uso de brazaletes de vigilancia permitiría una importante disminución de éstos.
Al respecto, la senadora Aravena explicó que el proyecto busca ampliar el uso de un efectivo sistema que por ley es utilizado en nuestro país desde el año 2013.
“El aumento de este tipo de vigilancia sería un gran avance en nuestra sociedad, ya que diversos estudios señalan que el monitoreo telemático o brazaletes resulta particularmente útil en condenas asociadas a violencia, maltrato infantil, abusos sexuales e incluso femicidios, cuya disminución, de aplicarse este sistema, llegaría al 80%, una cifra realmente significativa en nuestro país, donde a la fecha se registran 26 femicidios consumados y 66 femicidios frustrados”, manifestó la parlamentaria.
Por su parte, el senador Ossandón explicó que un beneficio importante de ampliar esta medida es la reducción del hacinamiento en el sistema presidiario, al disminuir efectivamente el total de población encarcelada. Además, previene el aprendizaje delictivo, evitando los efectos del encierro y la contaminación delictual.
“Nuestro proyecto busca apoyar la vigilancia tecnológica de los reos, esto es ampliar el uso de dispositivos telemáticos y que además nos sirven para proteger, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar, además de ayudar a descongestionar nuestras cárceles”, añadió Ossandón.
El monitoreo telemático, que consiste en un conjunto de sistemas electrónicos utilizados por instituciones penitenciarias con el objeto de controlar la presencia a distancia de personas, se utiliza en Chile desde que entró en vigencia la ley 20.603 en el año 2013, implicando un gran avance en términos de seguridad ciudadana, llegando hoy a un total de 430 condenados controlados por este sistema en distintos puntos del país.
Según información de la Fundación Paz Ciudadana, la aplicación de monitoreo telemático disminuye el costo carcelario diario, de $21.500 por recluso, a $4.050, reduciendo a su vez el personal policial que actualmente se destina al control de cumplimiento de penas, lo que no es menor si consideramos que hoy en día se estima que se destinan cerca de 6 mil horas a control domiciliario.
