Un informe que la Contraloría, en conjunto con la Superintendencia de Salud, reveló que las Isapres aún cuentan con más de 71 millones de dólares provenientes de las licencias médicas de los trabajadores del sector público, y que sus respectivas instituciones aún no realizan el cobro.
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Entre las instituciones con mayores montos por recuperar se encuentran la Universidad de Chile y seis municipalidades.
El estudio indica que las aseguradoras, entre el 2008 y 2019, aún mantienen un millonario monto por «el pago de licencias médicas de los funcionarios afiliados al Sistema de Salud Privado».
El informe, entregado por El Mercurio revela que Contraloría «identificó que entre 2008 -año desde que existe el registro- a junio de 2019, las Isapres adeudan al Estado de Chile 51.196.367.686 de pesos (equivalente a 71 millones de dólares)».
El escrito señala que hasta el año 2015, el monto no superó los mil millones de pesos anuales, sin embargo, desde el año 2016, comenzó a aumentar exponencialmente, llegando a los casi 28 mil millones en lo que va de 2019, es decir, más de la mitad de la deuda histórica.
Además, el informe de Contraloría asegura que se ofició a servicios públicos para que se puedan «recuperar los subsidios de incapacidad laboral adeudados por las Isapres, comenzando por los 25 organismos más representativos, que corresponden al 18,45 por ciento del monto total adeudado».
Entre las instituciones con mayores montos por recuperar se encuentran la Universidad de Chile, seis municipalidades -entre ellas la de Santiago-, el Hospital Carlos van Büren y las subsecretarías de Salud y Vivienda.
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Si bien al principio se habló de que las Isapres adeudaban dicho monto al Estado, la Asociación de Isapres emitió una declaración pública donde señalan que la deuda, en realidad, es un cobro no efectuado por los propios servicios públicos.
«No es efectivo que las Isapres adeudan al Estado más de 71 millones de dólares. Es responsabilidad de los servicios públicos cobrar a las Isapres los montos relativos a las licencias médicas de sus funcionarios (…) El Contralor de la República ofició a los servicios públicos para que efectúen dichos cobros», indica el comunicado.
En esa línea, aclaran, «una vez que los servicios públicos cobran, las Isapres pagan dentro del plazo instruido por la Superintendencia de Salud, de lo contrario, se exponen a multas».
