El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que este martes ingresa el proyecto de ley de “Portabilidad Financiera”, anunciado el 5 de agosto por el Presidente Sebastián Piñera y que busca facilitar, tanto a las personas, como a las micro y pequeñas empresas, cambiarse de un proveedor financiero a otro.
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La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados y el objetivo es que una vez que la Reforma de Pensiones salga de la Comisión de Hacienda comience la discusión de esta iniciativa.
“Esperamos que el trámite de este proyecto, que es tremendamente ciudadano, sea bien recibido por el Congreso y que pueda ser ley antes de fin de año (…) Para el Gobierno esta iniciativa es prioritaria, ya que reducirá los tiempos y costos de cambiarse de un proveedor financiero a otro, generando más competencia en la industria financiera y permitiendo que las personas se puedan beneficiar más fácilmente de las disminuciones en las tasas de interés, que hoy son históricamente bajas”, destacó el jefe de la billetera fiscal.
Respecto de los detalles de este proyecto, Larraín explicó que el proceso de cambiarse funciona así:
- Se iniciará mediante la presentación de una solicitud por parte del cliente a un potencial nuevo proveedor financiero (como banco u otro). Este requerimiento podrá ser por teléfono, vía web o presencial, figura que hoy no existe.
- En la solicitud de portabilidad el cliente especificará los productos que tiene con su entidad financiera actual y que desea cerrar.
- Además, el cliente podrá facultar a la nueva institución para que requiera directamente a su proveedor financiero actual el “certificado de liquidación”, el que contendrá el detalle de todos sus productos financieros, junto con las comisiones e intereses cobrados, y los montos que debe cancelar si desea cerrar sus productos.
- El nuevo proveedor, luego de una evaluación, presentará al cliente una “oferta de portabilidad”, la que será vinculante por un plazo de siete días.
- La sola aceptación de la oferta por parte del cliente otorgará un mandato al proveedor financiero nuevo para que, en representación del cliente, pague las deudas vigentes y requiera el término de los productos financieros.
“Y todo ello, sin que el cliente deba haber visitado nunca una sucursal, ni de su entidad financiera actual ni de la nueva, porque todos los trámites podrán ser realizados por teléfono o por internet”, sostuvo el ministro.
Una vez contratados todos los productos incluidos en la oferta de portabilidad, el nuevo proveedor tendrá tres días hábiles para pagar a la institución financiera actual las deudas del cliente y para requerirle el término o cierre de los productos y servicios financieros especificados en la oferta de portabilidad.
Larraín explicó que el proyecto de ley reduce en plazo para poner término a los productos desde 10 días a 5 días hábiles.
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Por otro lado, el secretario de Estado explicó que se crea la figura de la subrogación para resolver uno de los mayores problemas que hoy existen al momento de refinanciar un crédito cuando están garantizados con algún bien, por ejemplo, un crédito hipotecario.
El objetivo de esta figura es trasladar las garantías de un crédito al otro, sin necesidad de alzar la garantía original ni de constituir una nueva.
El proyecto establece, además, que los costos de conservadores y notarios serán aquellos que correspondan a “modificaciones de contratos”, eliminando el respectivo recargo que hoy se aplica sobre el monto del crédito. Con ello, tomando como ejemplo un crédito de 1.033 UF, el costo de los conservadores pasará de aproximadamente $270.000 a alrededor de $2.000 y el de los notarios pasará aproximadamente de $77.000 a $5.000.
Respecto a la reducción de tiempo y número de trámites necesarios para refinanciar un crédito hipotecario, la autoridad dijo que el proyecto elimina la carta de resguardo, el alzamiento de la garantía por parte del Conservador de Bienes Raíces y la firma de escritura del nuevo crédito por parte del proveedor inicial. “Con ello se logrará reducir el tiempo necesario para refinanciar aproximadamente en un mes”, puntualizó Larraín.
Cifras de créditos
El ministro Larraín sostuvo que el proyecto, a través de la generación de mayor competencia, beneficiará a los ciudadanos, micro y pequeñas empresas, que cuenten actualmente con algún producto o servicio financiero, además de impulsar la inclusión de aquellos segmentos que hoy no acceden al mercado financiero.
De acuerdo a las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este proyecto beneficia al 97% de la población adulta del país, al 97,1% de las de las pequeñas empresas y al 93,9% de las micro empresas.
La iniciativa facilitará el refinanciamiento y promoverá la competencia en el mercado del crédito. Larraín señaló que específicamente se beneficiará a:
- Más de 2,6 millones de hogares con deuda de consumo
- 1 millón de hogares con deudas hipotecarias
- 200 mil hogares con deudas automotrices
- Más de 560 mil micro y pequeñas empresas que tienen deudas con el sector bancario
- Además de muchas otras micro y pequeñas empresas que mantienen deudas con el sector no bancario.