Pide que se abonen tres años más: defensa del "comandante Ramiro" apeló a condena de casi 27 años que dictó el juez Carroza

El abogado de Hernández Norambuena pide que se le descuenten 3 años y medio de prisión preventiva en Brasil.

Por Gabriel Arce

La tarde de este miércoles, la defensa de Mauricio Hernández Norambuena, apeló a la condena que dio a conocer el ministro en visita Mario Carroza, donde se dictó 26 años y medio de presidio más en Chile.

Fue el pasado lunes cuando Carroza informó que decidió cambiar las dos penas de presidio perpetuo simple, por dos condenas de 15 años de cárcel. Eso significó una dura derrota para la defensa del "comandante Ramiro", que esperaba abonar buena parte de los 17 años que estuvo preso en Brasil por el secuestro del empresario Washington Oliveto, y así conseguir que el ex frentista no pasara más de 11 años tras las rejas en el país.

El abogado Alberto Espinosa afirmó, tras llevar su recurso a la Corte de Apelaciones, que insistirán en que a la pena que debe cumplir su defendido se le abonen los años de prisión preventiva que cumplió en Brasil. Eso, porque Carroza sólo abonó los 1.244 días que estuvo preso en Chile antes de fugarse en 1996, más los 12 días que tardó su proceso de extradición.

"Los fundamentos, básicamente, se refieren a que el ministro (Carroza) no aplicó los abonos correspondientes a la prisión preventiva que él tuvo en Brasil, a raíz de la solicitud de extradición que efectuó el Estado chileno", señaló Espinosa en declaraciones que consigna Radio Cooperativa.

“Está acreditado en el proceso por las autoridades brasileñas que él cumplió un período de aproximadamente tres años y seis meses en prisión preventiva.  El ministro estimó no aplicarlos a la pena acá en Chile”.

De momento, Hernández Norambuena deberá estar en la cárcel hasta el año 2046, producto de las dos condenas por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

En paralelo a la apelación del abogado, la familia del ex frentista anunció que recurrirá al Supremo Tribunal Federal de Brasil y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando el incumplimiento de los compromisos entre Chile y Brasil en su extradición.

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