La liberación de Gildardo López Astudillo, el principal sospechoso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 sienta un precedente que podría conducir a la liberación de otros 50 sospechosos y por eso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pedirá investigar de nuevo a los funcionarios involucrados de malograr el caso.
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“Es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia a la fiscalía general y el poder judicial en este caso”, dijo López Obrador el miércoles.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo el miércoles que ya fueron liberados 53 sospechosos de los 142 detenidos. Si se libera a otro medio centenar, quedarían 39 en prisión.
Caso controvertido
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace cinco años es la investigación más grande jamás hecha por el gobierno, según la administración anterior. Sin embargo, también ha sido una de las más cuestionadas.
Los jóvenes se preparaban para convertirse en maestros en una institución educativa que localmente se conoce como “Normal”. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecían, se ubica en el estado de Guerrero.
Oficinas de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han pronunciado sobre los errores, inconsistencias, obstrucción a la justicia y violaciones a los derechos humanos de la investigación oficial realizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que incluyó reiterados actos de tortura de varios de los detenidos.
Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y de las pesquisas internas a funcionarios, nadie ha sido condenado y el destino de los jóvenes sigue sin conocerse.
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El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron atacados y secuestrados por la policía de Iguala, Guerrero, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, cuyo presunto cabecilla era López Astudillo.
El ex procurador general Jesús Murillo Karam, dijo que la “verdad histórica” de lo ocurrido después fue que miembros de esta organización mataron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron los restos a un río cercano.
No obstante, esta versión fue totalmente desacreditada por las investigaciones de expertos independientes al no encontrar pruebas que la confirmaran.
“La mal llamada ‘verdad histórica’ se construyó con base en la disimulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, sostuvo Encinas. “La verdad histórica choca con la propia realidad”.
