Fiscalía abrió investigación por contaminación con dióxido de azufre en Ventanas

Las nuevas pesquisas apuntan a la presunta manipulación del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire.

Por Agencia Uno

La Fiscalía del Biobío abrió nueva causa penal que apunta a una eventual responsabilidad de Codelco en la emisión de dióxido de azufre, SO2, desde las faenas de refinación de cobre en la División Ventanas de la estatal informa este domingo el diario "La Tercera".

Las nuevas pesquisas, además, apuntan a la presunta manipulación del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente-, debido a que en la actualidad no se puede acceder a los peaks de gases contaminantes que se registraron hace más de un año.

Por primera vez, entonces, desde que se abrió la investigación penal, el Ministerio Público da un giro en su estrategia y pone el foco en la posible responsabilidad de la fundición de la cuprífera estatal y en la eliminación y eventual manipulación de datos del Sinca.

El primer antecedente que permitió indagar esta nueva arista lo entregó el ingeniero civil de Enap Edmundo Piraino Suez, quien en su segunda declaración como imputado ante la fiscal Ana María Aldana entregó un gráfico que obtuvo los datos del Sinca, que eran públicos, en que se registran cantidades considerables de SO2 durante periodos sostenidos en la comuna de Quintero, justamente en el lapso en que se produjo la intoxicación masiva de los habitantes de esa comuna y de Puchuncaví.

“Estos son los registros de las estaciones de monitoreo que tienen Codelco, AES Gener y GNL, cada una mide distintos parámetros, pero lo importante es el SO2”, dijo el profesional, a modo de denuncia.

Tras haber detectado la eliminación de los datos del Sinca, Piraino sostuvo su convicción de que “el contaminante que genera la contaminación a las personas en el sector es el SO2, que es un subproducto de la refinación de cobre y de la combustión de combustibles fósiles”. Agregó que “los efectos en la salud de las personas están dados por irritación ocular, garganta y, dependiendo de las concentraciones a las que se exponga, mareos, dolor de cabeza, náuseas y decaimiento”.

La fiscal Aldana recibió la hoja entregada por el profesional de Enap y sus defensores -Cristián Muga y Rodrigo Ávila- para luego seguir con otros interrogatorios respecto de los registros que de ella se desprenden. “La hoja que aportamos ahora indica la presencia por períodos considerables de este contaminante en las estaciones de monitoreo, principalmente en la comuna de Quintero, en el lapso en que se detectó intoxicación de la población inicialmente”, sostiene el ingeniero, quien dice que más allá del peak que registra, “que podría no ser considerado alto, por ser del orden de 150 o 120 mcg por m3”, para ellos lo importante era “la permanencia del contaminante en la atmósfera, es decir, la extensión horaria en la que estuvo en la comuna, en el periodo coincidente con el lamentable episodio de contaminación”.

Este interrogatorio al funcionario de Enap se concretó el 12 de agosto de 2019, tras lo cual se generó la causa penal bajo el RUC 1900933826-0, una indagatoria distinta a la causa principal abierta en 2018 y que apunta a la presunta responsabilidad de altos ejecutivos de la empresa petrolera en la contaminación que habría sido generada por la carga de crudo Iranian Heavy (proveniente de Irán) traída a Chile el 14 de julio de 2018 por el buque Monte Toledo, la que tenía un alto contenido del gas ácido sulfhídrico (H2S).

Piraino advirtió durante su declaración que los episodios de contaminación se han seguido repitiendo.

“Es un fenómeno que sigue ocurriendo, que ha ocurrido hace dos semanas atrás en la comuna de Quintero con peak sobre 1.000 mcg por m3, y trae a colación lo sucedido hace siete u ocho años en el sector de La Greda, donde ocurre el mismo fenómeno de intoxicación, en el mismo rango horario y, lamentablemente, con población afectada, colegios particularmente (…). Esta emisión continua de SO2 hoy día sigue causando condiciones de emergencia ambiental como la última que ocurrió el 29 de julio”, sostuvo el funcionario de Enap.

En su interrogatorio agregó que tras la conmoción pública, estos datos “se empezaron a manejar en forma reservada para evitar un desorden público, de hecho, al revisar al día de hoy los registros del Sinca de las fechas 17 de agosto a 25 de agosto de 2018, no aparece registro alguno en la página para el parámetro de SO2”.

Tras decir esto, el propio Piraino hizo una prueba ante la fiscal Aldana de cómo dichos registros no están disponibles en la mencionada página del Sinca.

Otras organizaciones también han denunciado la manipulación de este sistema de información de calidad del aire. La agrupación Dunas de Ritoque aseguró que “las estaciones de monitoreo siguen siendo manejadas por las empresas Codelco y AES Gener” y cita gráficos borrados desde la página del Sinca que ya no cuenta con sus registros históricos.

Usando sus facultades, Aldana extendió una orden amplia de investigar a funcionarios de la PDI, con el foco en las actuaciones de Codelco y quienes manejan la información del Sinca.

El delito que se indaga es por “eventuales responsabilidades por el delito de introducir sustancias tóxicas en el medioambiente que ponen en peligro la salud de la población (Artículo 291 del Código Penal)”.

Desde Codelco División Ventanas aseguraron que no tienen información de esta indagatoria y que aún no han sido requeridos por la Fiscalía, aunque manifestaron su disposición a colaborar si así son requeridos.

Asimismo, y ante la consulta de los registros de contaminación del sistema Sinca, aseguraron que “la entrada en vigencia de los proyectos ambientales le ha permitido a Codelco Ventanas alcanzar durante 2017 y 2018 las mayores bajas de emisiones de su historia, con una disminución de un 36% de dióxido de azufre (SO2) y un 79% de material particulado en los últimos ocho años”.

Agregaron que “Codelco Ventanas es una de las empresas más fiscalizadas en el país. Sus emisiones son públicas y on line. Nos rige una Norma de Fundiciones, un Plan de Descontaminación (PPDA), una Norma de Calidad del Aire y durante la crisis de los hidrocarburos de 2018 tuvimos más de 100 fiscalizaciones, sin siquiera ser generadores de este compuesto. Desde esa fecha, ya son más de 200 las fiscalizaciones a nuestras instalaciones, sin generar ningún tipo de sanción” plantearon.

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