Fueron dos episodios en los que los datos de miles de personas quedaron expuestos, tras la filtración de información de tarjetas de crédito. Al respecto, el Sernac indicó este lunes que ofició a Correos de Chile con el fin de iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) que busca exigir que se refuerce la seguridad de sus procesos y que se compense a los consumidores perjudicados por estos hechos.
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Los hechos sucedieron el 25 de julio de 2018 (que involucró a 14.426 plásticos) y el 24 de mayo pasado (con 3.564 tarjetas) desde el servicio de casilla internacional TransExpress, los que constituyen una infracción grave a los derechos de los consumidores, particularmente al deber de garantizar la seguridad en el consumo, alegan desde el organismo.
Como resultado de estos antecedentes y a través de un comunicado de prensa, el 24 de mayo de 2019 Correos de Chile informó que suspendería temporalmente el servicio provisto por dicha empresa. Sin embargo, lo anterior, a juicio del Sernac, da cuenta que la firma estatal, a través de su servicio de casilla internacional, habría infringido en forma permanente sus deberes de profesionalismo, de asegurar la seguridad en el consumo y de evitar daños a sus clientes.
Asimismo, la gestión busca resguardar a los clientes actuales con medidas de seguridad adecuadas, así como exigir información consolidada de todos los afectados, y el total de filtraciones, saber si Correos ha adoptado medidas efectivas respecto de TransExpress e indagar si los problemas se originaron desde la contratación de esta empresa.
El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, señaló que espera que la empresa responda adecuadamente en el marco de este procedimiento colectivo o se evaluarán las acciones a seguir en el marco de sus nuevas atribuciones.
“Estamos hablando de una conducta que se ha repetido en el tiempo y que la empresa no ha logrado resolver, ni asegurar que no vuelva a ocurrir. Se trata una de las mayores filtraciones masivas de datos que se han producido en nuestro país, las que además de dañar a miles de consumidores, afectan la seguridad y confianza en general en los sistemas de pago digital”, expresó.
Otros casos similares
Según indicaron desde el Sernac, a través de procedimientos de mediación, se ha logrado abordar varios casos masivos de este tipo con resultados directos a los consumidores. Por ejemplo, el caso “cartolazo” del Banco de Chile en 2012 que afectó a 52.770 clientes (envío erróneo de las cartolas de cuentas corrientes), y como resultado, la antigua Sbif cursó una multa por 40 millones de pesos.
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En tanto, tras la gestión del Sernac, el banco comprometió $1.300 millones en un plan de compensación que incluyó además un seguro para cada afectado, un monto mínimo por las molestias y se comprometió a tomar estrictas medidas de seguridad, entre ellas un seguro para eventuales defraudaciones a dichos clientes.
Por otro lado, en 2013, la empresa Claro reconoció la filtración de base de datos con aproximadamente 4.264 registros personales con información sensible, de los cuales 3.607 serían clientes activos de la empresa. En mediación colectiva la compañía se comprometió a indemnizar con $30 mil a cada uno de los usuarios afectados, teniendo que desembolsar por ello un monto total de $127.920.000 aproximadamente, además del monitoreo permanente en la web y eliminación de los datos personales filtrados.
