El primer ministro británico Boris Johnson dijo el martes que discrepa enérgicamente con el fallo de la Corte Suprema que declaró “nula y sin efecto” la orden de suspender las sesiones parlamentarias.
Dijo que el gobierno respetará la decisión, pero indicó que podría intentar suspender las sesiones nuevamente.
En Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, Johnson dijo que “discrepo enérgicamente con lo sentenciado por los jueces. No me parece correcto, pero seguiremos adelante y, desde luego, el Parlamento regresará”,
Su oficina en Londres dijo que no renunciará al cargo, como reclama la oposición.
Downing Street dijo que Johnson volará de regreso a Londres durante la noche, un día antes de lo previsto, lo cual significa que estará en Londres el miércoles, cuando el Parlamento prevé reanudar sus sesiones.
Previamente, el presidente de la Cámara de los Comunes dijo que ésta sesionará el miércoles a las 11.30.
John Bercow dijo que los ciudadanos tienen “derecho” a que el Parlamento cumpla con sus deberes constitucionales medulares.
La decisión unánime de los 11 jueces del tribunal significó un duro revés para Johnson y provocó reclamos inmediatos de que Johnson renuncie al cargo.
El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo en la conferencia de su partido que la decisión refleja el “desdén” de Johnson por la democracia y el Estado de Derecho.
El duro tono del fallo judicial y el hecho de que fuera un voto unánime hizo que muchos dijeran que Johnson no puede seguir en el cargo.
“Su posición es insostenible y por una vez debería tener el coraje de hacer lo correcto y renunciar”, afirmó delante del Tribunal la legisladora del Partido Nacional Escocés Joanna Cherry, una de las personas que presentó la demanda contra el primer ministro.
La suspensión “fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin justificación razonable”, indicó la juez Brenda Hale, presidenta del Supremo.
El fallo supone que el Parlamento nunca fue suspendido legalmente y técnicamente sigue en activo, añadió.
En un país sin una constitución escrita, el caso planteaba una confrontación poco habitual entre el primer ministro, los tribunales y el Parlamento en torno a sus derechos y responsabilidades.
La cuestión giraba en torno a si Johnson actuó de forma legítima cuando recomendó a la reina que suspendiera el Parlamento durante cinco semanas en un periodo de tiempo crucial, antes de la fecha límite para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, el 31 de octubre.
La corte rechazó el argumento del gobierno de que la decisión de suspender el Parlamento hasta el 14 de octubre era rutinaria y no estaba relacionada con el Brexit. Los abogados del gobierno alegaron que según la constitución no escrita del país, era una cuestión sobre la que debían decidir los políticos y no los tribunales.
Las voces críticas afirmaban que el mandatario había cerrado de forma ilegal el Parlamento semanas antes de que el país abandonara el bloque de 28 naciones con el “inapropiado propósito” de eludir el escrutinio de los legisladores sobre sus planes de Brexit.
También acusaron a Johnson de desinformar a la reina, que debía dar su aprobación formal para suspender la legislatura.
Johnson y el Parlamento han chocado desde que el mandatario asumió el poder en julio con la determinación de sacar al país de la UE el 31 de octubre, haya o no un acuerdo de divorcio con sus socios europeos.
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