La libertad de la comunidad LGBTI para vivir sin discriminación se anotó otra victoria. En un hecho histórico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Chile como “responsable” de vulnerar la igualdad, la vida privada y la no discriminación de una mujer.
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Esto porque desde el 2007 se le prohibió a la docente, Sandra Pavez, realizar clases de religión en nuestro país solo por ser lesbiana. Este fue uno de los motivos por los que la mujer contó con el apoyo del Movilh. Pero no fue una lucha solo contra el Estado, sino que también contra la Iglesia. Sandra era monja.
Después de dos décadas de trabajo
Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.
Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual
El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.
Un largo camino ante la justicia
Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. 11 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario.
“Estoy tranquila y emocionada porque se avanza en justicia. Hace 12 años que me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas», sostuvo la mujer.
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Ministerio esperará el fallo de la Corte Interamericana
La CIHD pidió a la Corte Interamericana que exija a Chile reincorporar a Sandra Pavez al cargo que ocupaba, brindarle reparación y compensación económica, modificar el Decreto 924, efectuar control administrativo y judicial contra las discriminaciones y capacitar a personal docente y funcionarios judiciales en no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Consultado el Ministerio de Educación respecto a la eventual modificación del decreto, el subsecretario Raúl Figueroa señaló a Publimetro que «el Estado estará atento al litigio pendiente». Sin embargo señaló que están conscientes de que estas normativas son muy antiguos y explicó que se hace necesario «revisarlas para que no se genere discrimnación alguna». Sin embargo, hasta que la Corte Interamericana no se manifieste al respecto, no se hará acción alguna en la materia.