Como si hubiésemos vuelto en el tiempo a los 70, la sombra de “garganta profunda”, el informante anónimo que detonó la dimisión del presidente Richard Nixon, vuelve para atormentar ahora al actual mandatario estadounidense, Donald Trump.
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Todo comenzó a mediados de agosto cuando el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, recibió una denuncia anónima, que catalogó como un tema de “urgente preocupación”, donde el emisor denunciaba ilegalidad en el contenido de la llamada que realizó Trump al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 25 de julio.
El caso llegó al Congreso y desencadenó una investigación contra el mandatario estadounidense que puede desembocar en su destitución si es hallado culpable de aprovecharse de su autoridad para fines personales.
A pesar de la repercusión del caso, se desconoce la identidad y género del acusador, inclusive por altos funcionarios, al menos al cierre de esta edición. Pero se habla de que se trata de un miembro de los servicios de inteligencia.
El Departamento de Justicia señala que hay indicios en la redacción de que se opone a la reelección de Trump. El mandatario ha cuestionado su credibilidad acusando sesgo y que usó información de segunda mano revelada por sus funcionarios, a quienes trató de espías y traidores, según New York Times.
No obstante, el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, dijo a los legisladores que el denunciante actuó de “buena fe”.
El “nuevo Garganta Profunda” habría acordado tentativamente declarar ante el Congreso si se aprueban las autorizaciones de seguridad para que lo acompañe su asesor legal, según CNN.
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La denuncia
El documento de la queja contra Trump fue revelado ayer. En términos simples acusa que durante la conversación participaron una docena de funcionarios de la Casa Blanca que intentaron “bloquear” los registros respecto a la misma.
El denunciante, que reconoce obtener información por trabajadores del gobierno, asegura que, tras felicitar al mandatario ucraniano por ganar la elección, Trump “utilizó el resto de la llamada para promover sus intereses personales”, lo que puede constituir un problema de abuso o violación “grave o flagrante” de la ley.
La acusación asegura que las acciones del mandatario plantea riesgos para la seguridad nacional y socavan los esfuerzos para disuadir y contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones.
Divulgación tardía al Congreso
El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, respondió ayer a los cuestionamientos de la Cámara de Representantes respecto a por qué se abstuvo de entregar la queja al Congreso durante semanas.
La Ley de Protección de Denunciantes de la Comunidad de Inteligencia de 1998 establece que una denuncia de este tipo es catalogada como creíble y de preocupación urgente por el inspector General, lo que realizó en este caso Michael Atkinson, la queja debe ser enviada en siete días al Congreso. Sin embargo, Maguire, que la envió semanas después del plazo.
La autoridad de inteligencia asegura que como el proceso involucra al presidente, la denuncia estaba protegida por privilegio ejecutivo y que por esto habló con la Casa Blanca que determinó su envío a la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, desde donde, tras analizarla, aseguraron que la queja no tenía urgencia.
