Once días duraron las manifestaciones en Ecuador en rechazo por el fin de la subvención estatal a los combustibles. Las principales protestas ocurrieron en Quito, y fueron protagonizadas por grupos indígenas que llegaron a la capital de poblados cercanos.
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El presidente Lenín Moreno buscaba hacer frente a una complicada situación derivada de una abultada deuda de 64.000 millones de dólares y un recurrente déficit anual de 10.000 millones. Entre las medidas también están: aumentar impuestos, flexibilizar leyes laborales y recortar el gasto público para generar ahorro fiscal y obtener más de 4.000 millones de dólares en financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional.
A buena parte de la población no le gustaron las medidas y lo hizo sentir en las calles, lo que provocó una dura represión policial que según la Defensoría del Pueblo provocó la muerte de siete personas, otras 1.340 resultaron heridas, y hubo 1.152 detenidos.
Ayer en la tarde, gracias a la gestión de la iglesia Católica, las Naciones Unidas y universidades, se sentó a conversar el gobierno con líderes indígenas y se llegó a un acuerdo que puso fin a las manifestaciones.
El presidente derogó el polémico decreto que iba a generar una importante alza a los precios de los combustibles, además dispuso la instalación inmediata de una comisión de ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal.
Un punto que causó problemas en la firma del acuerdo fue la exigencia de los indígenas de la remoción de la ministra del Interior, María Pula Romo, y del de defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes culpan de la «violenta represión».
El presidente Moreno no aceptó esa condición, y se salió con la suya porque los secretarios de Estado siguen en su cargo, hasta nuevo aviso.
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