En condiciones de ser analizado por el Senado quedó el proyecto de ley Pro Consumidor promovido por el Gobierno, el que busca establecer medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores.
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La iniciativa modifica diversos textos legales, con la finalidad de evitar la presencia de vacíos legales que faciliten la vulnerabilidad de tales derechos. Con tal propósito se pretende focalizar este fortalecimiento en materias como el derecho a retracto, al establecer que el consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días, contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario.
A su vez, se propone que los proveedores informen siempre a los consumidores los medios físicos y tecnológicos a través de los cuales podrán hacer efectivos sus derechos y poner término a los contratos, según lo establecido en los mismos, y que, en ningún caso, se podrá exigir condiciones más gravosas que aquellas utilizadas para la contratación.
Junto con ello, la propuesta también amplía los derechos del consumidor financiero y el derecho al prepago en materia de consumo; y se clarifica el derecho de opción del consumidor entre la garantía legal y las denominadas garantías voluntarias o convencionales.
Del mismo modo, se realiza una modificación en materia de deberes de información en caso de denegación de embarque de pasajeros por sobre venta e incumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de las aerolíneas.
Asimismo, el proyecto ajusta las compensaciones según estándares internacionales y modifica la fórmula de cálculo de las indemnizaciones que correspondan, cuyo monto se determinará según la diferencia entre la hora de llegada y la prevista para el vuelo inicialmente reservado y no según la hora de salida respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado, como lo dispone la ley vigente.
Indicación de la discordia
Sin embargo, el proyecto que fue enviado por el propio Gobierno, no dejó a este completamente satisfecho. Malestar que hizo saber el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine a través de Twitter.
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Se trata de la indicación que prohíbe que ofertas del retail estén asociadas o «atadas» a determinados medios de pagos como las tarjetas de crédito. Fue el diputado independiente Karim Bianchi , consiguió ayer incorporar a último minuto esta indicación, que fue aprobada con 60 votos a favor y 48 en contra.
Tras esto, el secretario de Estado expresó su disconformidad con que se incluyera este punto en la norma. Mediante la red social del pajarito, expresó su «total desacuerdo con prohibir al comercio ofrecer descuentos ligados a un medio de pago», aseverando que «perjudica directamente a los consumidores. Además acusó que la indicación se repuso a última hora «sin el debate técnico necesario».
