«Esto pasó porque a alguien se le ocurrió decir que estamos en guerra». Ese fue el sentido lamento de Nelson Uribe, padre de José Miguel Uribe, obrero de la construcción de 25 años que murió a manos de un militar en Curicó, y que por estos días es uno de los símbolos de los brutales excesos de las fuerzas armadas en este Estado de Emergencia.
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La mañana de este miércoles, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) anunció la querella por homicidio por lo que ahora serían 5 personas fallecidas a manos de militares y carabineros, entre las que se cuenta el caso de José Miguel, quien, según relato de testigos y su padre, «se estaba manifestando con una olla» al momento que un militar desde una patrulla percutó una munición de guerra que terminó en su tórax.
Además del curicano, el Indh maneja en carpeta las muertes de Romario Veloz, en La Serena; Kevin Gómez, en Coquimbo; Manuel Rebolledo, en Talcahuano; y Álex Núñez, en Maipú. En el caso de este último, fue el propio subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien admitió que se sumaba a la lista total de fallecidos durante el Estado de Emergencia, que alcanza las 18 personas.
El caso de Núñez da para otra línea de investigación. Su muerte se debería a una brutal golpiza con lumas en su cráneo. Habrían sido tres carabineros, que luego lo dejaron moribundo cerca de la Estación el Sol. Por eso terminó en el centro de salud de Pudahuel, regresó a su casa, y fuertes dolencias lo llevaron a ir a la Posta Central, donde murió este martes.
Ayer, además, el propio subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, develó que Núñez ingresó recién ayer a la lista de fallecidos, debido a que en Pudahuel jamás informaron que su ingreso se debió a la mortal golpiza de carabineros.
Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, confirmó a Publimetro que la querella por el caso de la golpiza es la última que presentaron en horas de ayer. Es, además, la única que involucraría a Carabineros. Las otras 4 son contra militares.
El caso de Veloz, en La Serena, incluso cruzó las fronteras, dada su nacionalidad ecuatoriana. El joven, de 26 años, recibió el disparo en el cuello, en momentos que según testigos y el propio diputado PC Daniel Núñez, se encontraba caminando pacíficamente y sin enfrentarse a ningún militar. «Esta muerte es injustificable, llegaremos hasta el final», dijo el parlamentario. Incluso la cancillería ecuatoriana se expresó, haciéndole saber a Chile que estarán «atentos a los resultados de la investigación».
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Ocurrió algo similar con Kevin Gómez, de 23 años, en Coquimbo. Ocurrió a pocos kilómetros de la muerte de Veloz, en la ruta 5 Norte. En su caso, el presunto culpable es un cabo del Ejército que se encontraba patrullando las calles Bilbao con Pinto, cuando disparó la bala que terminó matando a Gómez. Por suerte, pasó a control de detención y estará en prisión preventiva por homicidio simple hasta que termine la investigación de 120 días.
En el caso de Manuel Rebolledo, adolescente de 22 años que murió atropellado por un camión de la Armada, fue un doble golpe para la familia: la Fiscalía en Talcahuano sólo le decretó arraigo y firma mensual al imputado, incluso en vistas de que el camión se salió de la calzada a propósito en una supuesta persecución a autores de un saqueo.
Torturas y violaciones
En redes abundan indignantes registros sobre la violencia desmedida de militares a la hora de reducir o capturar a personas, incluso fuera de los toques de queda. Hasta el cierre de esta edición, el INDH contabilizaba 1.894 detenciones y 269 personas heridas. Lo peor: los heridos por armas de fuego ya son 137.
Bustos, del INDH, señala que «tienen 30 acciones legales además de las 5 querellas por homicidio. Nueve son recursos de amparo y la gran mayoría restantes son por configuración de torturas, además de algunas lesiones graves o gravísimas».
«Hay casos extremadamente graves. Por cierto los homicidios, pero también los casos de tortura. De hecho tenemos tenemos tres casos de violencia sexual», detalla el jefe jurídico del Indh.
De los casos de violencia sexual, dos de ellos por desnudamiento, mientras que el tercero involucra no solo agresiones sexuales, sino que amenazas de violencia física. Según la información que recabó el organismo, agentes del Estado, durante las torturas, habrían amenazado a una mujer con introducir su fusil en sus partes íntimas, al más puro estilo sádico y enfermizo de la dictadura militar, como el centro «Venda Sexy» de la Dina.
El Indh incluso tomó la denuncia donde supuestamente la Estación Baquedano estaría siendo utilizada como centro ilegal de torturas. Eso se basa en la denuncia de un estudiante, quien señaló que en el traslado de su detención vio a gente amarrada y colgando de los techos.
Eso obligó al Juzgado de Garantía de Santiago a ir al lugar, pesquisas que ahora pasarán al Ministerio Público. Sergio Micco, director del Indh, confirmó ayer que recibieron la denuncia, además de señalar que en reunión con el Presidente Piñera, le hicieron saber «nuestra grave preocupación por la violación a los derechos humanos durante estos días».
¿Por qué la cifra de fallecidos es tan alta?
Estallidos sociales como el de Chile tienen varios ejemplos en Latinoamérica. Basta con mirar a Ecuador, donde la ira por el aumento del precio del transporte, al igual que acá, fue el detonante. Eso sí, una salvedad: en más de 10 días de huelga en Quito, hubo 9 fallecidos, mientras que los 6 días de Estado de Emergencia en Chile ya cobró 18 vidas.
¿Influye que en un país hayan sacado militares a la calle y en otros no? Edgardo Riveros, académico de la Facultad de Derecho de la U. Central, es crítico con la decisión de levantar un Estado de Excepción Constitucional.
Riveros señala que «la presencia de militares en la calle, fruto de la Excepción Constitucional (…) son cuestiones que (el Presidente) debió haber medido en su momento».
«Las fuerzas de orden son las que deberían estar preparadas para esto. Pero al dejar a cargo a un jefe militar, y dejarle la defensa interna a las Fuerzas Armadas, terminan actuando para un cuadro del cual no es su misión ni están preparadas», señala.
Eso sí, dice el académico, es crucial la labor del Indh, además de entender que «ya no es como en dictadura, Chile hoy tiene democracia para poder actuar. Eso es bueno tenerlo presente, aquí opera la responsabilidad. A pesar de que se alteren los derechos particulares, jamás de deroga la garantía de la integridad».
¿Su llamado? que las personas e instituciones «hagan uso de todo el dispositivo constitucional» para que nada quede impune.
