¿Una respuesta a los abusos? Agenda social del Gobierno cuesta un tercio de todas las evasiones y colusiones de los últimos 30 años

El martes en la noche, y tras cinco días de protestas masivas, el Presidente Sebastián Piñera presentó medidas con las cuales busca calmar las exigencias de la ciudadanía. Un ingreso mínimo garantizado, congelamiento de la tarifa eléctrica, un incremento a la actual pensión básica, son algunas de los anuncios.

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, detalló el costo que estas medidas le costará al Estado: unos 1.200 millones de dólares. Esto si se suman los cerca de US$300 millones que costará la reconstrucción de las estaciones del Metro dañadas, suman un gasto fiscal de US$1.500 millones.

Una cifra para un paquete de soluciones que pretende responder a las demandas de la gente, pero ¿suficiente? Y es que el consenso indica que quienes han salido a las calles es porque demandan el fin de abusos en ámbitos como salud, pensiones, también de la clase política y el sector empresarial. Y precisamente respecto de esto último, hay cifras que dan cuenta que lo anunciado por el Gobierno parece algo menor.

Durante el fin de semana, y a propósito de la merma generada por las evasiones masivas al Metro, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la U. Católica y la U. de Concepción (Cedeus),  publicó en su Twitter un documento de uno de sus investigadores, Javier Ruiz Tagle,quien recopiló las colusiones, evasiones, elusiones y “perdonazos” de impuestos de los últimos 30 años. Y la cifra es un tanto más elevada: US$4.982 millones,tres veces lo que el Gobierno gastaría con su paquete de medidas.

Entre los datos que se mencionan, están los US$38 millones que generaron entre 2007 y 2008 las farmacias cuando se coludieron, US$1.164 millones de la colusión de los pollos (1996 -2010), el “perdonazo” a Jhonsons de 2012 por US$91 millones e, incluso, el no pago de contribuciones de Piñera por su propiedad en el lago Caburgua.

“Para nosotros la señal que nos queda del Presidente es muy clara. Y es que  a pesar de los muertos y de los toques de queda, el modelo no se toca”, expresa Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol.

Poniendo en paralelo esas cifras, lo que el Gobierno gastará en estas medidas “es un 30% de los casi 5 mil millones, que es una evasión en serio, que es la de cuello y corbata”, añade.

Apuntar a los ricos

Pese a lo contrastante de los datos, el investigador sostiene que “son valores que hacen sentido, pero que no es la discusión actual, porque no tenemos cómo devolver esa plata a las personas”.

De todas maneras, recalca que para evitar las evasiones y elusiones, se requiere que el Servicio de Impuestos Internos “tenga musculatura para fiscalizar, como debe ser en cualquier país decente”.

Asimismo, Kremerman critica que dentro de los anuncios, no se mencione un gravamen que apunte directamente a los altos patrimonios. “Necesitamos un sistema tributario que recaude más a través de las personas más ricas”, recalca.