Tras la publicación de un reportaje de radio Biobío, y a través de un resumido comunicado, el Presidente Sebastián Piñera, pidió este lunes la renuncia de la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo.
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La exmilitante de la DC y el PRI, estaría involucrada en un presunto cohecho. La situación fue denunciada por la diputada radical Marcela Hernando ante el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿El fondo? Presuntos ofrecimientos en la Región de Antofagasta de terrenos a un grupo de pobladores a cambio de militancia.
Terrenos del Estado a cambio de militancia en «Nueva Clase Media»
Los pobladores tendrían que firmar la ficha de militancia en el partido «Nueva Clase Media» para que Alejandra Bravo pueda inscribirse y tener representación en esa zona nortina. Se trata de una colectividad cuyo presidente es Eduardo Salas, marido de Bravo.
Tras conocerse la denuncia, muchas personas comenzaron a preguntarse en redes sociales cuál podría ser su condena, haciendo alusión al caso Penta y las medidas cautelares que se tomaron con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Las polémicas «clases de ética»
Los dos empresarios que fueron formalizados en marzo de 2015 quedaron con las cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Además de la obligación de asistir a clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. Generalmente la clase política, empresarios y las autoridades del país suelen comparar a Chile con otros países de la OCDE.
Pero en los casos de fraude, las condenas han sido bastante blandas en comparación a los otros países miembros. Por ejemplo, hace unos meses, un político alemán de 28 años del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) fue condenado a ocho meses de cárcel por llevar un tatuaje con simbología nazi.
Otros castigos en Europa
En el mismo país, un antiguo directivo de Deutsche Bank, primer banco de Alemania, debió ir a la cárcel por fraude fiscal con la negociación de certificados de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
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El principal acusado, que era director en la división Ventas en el Mercado de Capital fue condenado a tres años de prisión y otros tres fueron condenados por complicidad a libertad condicional entre uno y tres años. También recibieron multas de hasta 200.000 euros.
En España se recuerda un caso que vinculó al Partido Popular donde se condenó a 51 años de prisión al empresario Francisco Correa como director de la red corrupta para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
No sólo cárcel: multas también
En aquella ocasión, también se condenó a 33 años y una multa de más de 44 millones de euros a Luis Bárcenas, extesorero del mismo partido, por evadir 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009 y embolsarse 1,24 millones de euros en comisiones.
Sin tener miedo con cargos más altos, en Bélgica el Tribunal de Casación (Supremo) condenó al ex ministro de Economía, ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general de la OTAN Willy Claes a tres años de cárcel por «corrupción pasiva».
Claes, ex líder socialista flamenco, conoció y toleró, aunque no protagonizó, el caso Agusta, un soborno de 50.000 millones de pesetas entregados por la firma italiana del mismo nombre para conseguir el contrato de venta a Bélgica de 46 helicópteros a finales de los años ochenta.
Cabe señalar que la libertad de la corrupción y la falta de penas efectivas que castiguen en este tipo de delitos también es una de las solicitudes que se han hecho presentes en pancartas y gritos en todas las manifestaciones observadas en nuestro país durante las últimas semanas. ¿Podremos alcanzar a los otros países de la OCDE en estas materias también?
