“Evidentemente se está reconociendo que algo se estaba haciendo mal”. Con esa frase, Sergio Micco, presidente del INDH, se refirió al anuncio de Carabineros, donde «acotó» el uso de las escopetas anti disturbios. La medida se informó el pasado domingo, dado el revuelo nacional y, sobretodo, internacional, que causaron las altas cifras de chilenos con daños oculares.
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A la fecha, se estima que en Chile más de 200 personas han terminado con heridas oculares debido al uso indiscriminado de los balines y perdigones como método disuasivo. Solo en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, han llegado 170 pacientes con traumas oculares severos, de los cuales 33 han terminado con el globo abierto-estallido o herida penetrante- y casi la mitad de las personas (47,9%) sufrió disminución severa de la visión.
La propia Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) alertó, mediante un estudio de los últimos 27 años en el mundo, que Chile vive la peor crisis oftalmológica de la que la historia recuerde, triste récord que transformó en un símbolo en toda la prensa mundial, a los chilenos que literalmente perdieron un ojo por ir a marchas pacíficas.
El general director Mario Rozas indicó que ahora se «acotó» el uso de las escopetas a los casos donde haya un peligro inminente para la vida de algún carabinero o ciudadano, o a la propiedad público. Pero, ¿el gesto fue correcto? Adolfo González, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señala que esa «acotación» ya existía desde que se reformó el protocolo en marzo de 2019.
Trampa
«Primeramente dijo que se estaba cumpliendo, ahora que se va a restringir el uso para aquellas situaciones que signifiquen un peligro real para personas o bienes públicos. Esto que está afirmando es justamente lo que ya establece el protocolo vigente, que es uno solo», explicó el académico.
En dicha directriz, González detalla que la escopeta de balines y perdigones siempre tuvo su uso, aunque discutible, delimitado. «Se usa cuando no ha resultado otra vía disuasiva. Ya establece que se usa cuando hay un riesgo de la integridad policial o de otras personas. Aquí hay dos grandes temas: si el protocolo es pertinente y si la implementación fue efectiva», indica el académico.
Ante esas contradicciones, Nicolás Freire, cientista político y académico de la U. Central, dice que el gobierno está «entre la espada y la pared». «Caes bajo presiones que te hacen improvisar y caes en continuos errores. Te pillan siempre corriendo en off side», afirma.
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No es menor que la autocrítica haya llegado recién cuando la prensa internacional enrostró al gobierno el violento uso de los perdigones. Para Freire, éste es «un gobierno que actúa y cede a regañadientes, y que llega tarde a la ciudadanía y a ellos mismos, pero que se ve obligado a soltar cuando la presión internacional aparece». Eso, dice, debido a que recién cuando el mundo hace eco de las críticas, es cuando el Gobierno siente perder el control o injerencia para marcar la pauta.
Para el investigador del Instituto de Asuntos Públicos, sin embargo, debatir sobre el protocolo para el uso de escopetas antidisturbios ni siquiera es el fondo, ya que, para él, visión que comparte el INDH y el Colegio Médico, lo sensato es la «eliminación del uso del arma, por lo menos hasta que no se haga un estudio exhaustivo».
Son varios quienes critican la poca empatía del Gobierno con las víctimas del daño ocular severo provocado por la represión de carabineros, sobretodo si se compara con su discurso sobre saqueos y desmanes. Ayer llegó, tras tres semanas, recién el primer gesto.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunciaron la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular, que se encargará de la atención gratuita para las personas que han resultado con lesiones en sos ojos durante las protestas.
Según las autoridades, el programa garantizará la atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico, para las víctimas.
