El esposo de la política peruana Keiko Fujimori inició en la noche del miércoles una huelga de hambre frente a la prisión donde está encarcelada en protesta por lo que considera “jugadas sucias” de la fiscalía, que investiga a la opositora por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht.
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La protesta de Mark Villanella se produce una semana antes de que el Tribunal Constitucional decida si deja libre a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Keiko Fujimori lleva poco más de un año en prisión mientras es investigada por presunto lavado de activos en una trama en la que, según la fiscalía, habría recibido dinero sucio de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, que perdió.
“Cada vez que hay una decisión importante, una audiencia, hay una sorpresa, hay un allanamiento, hay una detención ilegal, hay un filtro de audio, un video, una declaración nueva, testigos de último momento”, dijo Villanella, que tiene nacionalidad estadounidense, a la televisora local Panamericana desde la carpa donde pasará la noche.
En una carta manuscrita difundida a los medios, Villanella acusó de las supuestas maniobras al fiscal del caso, José Domingo Pérez, quien envió a prisión a Keiko y lidera la pesquisa en su contra.
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sustentará el próximo martes ante sus otros seis colegas si debe o no otorgarse la libertad a Keiko Fujimori.
El miércoles, Blume pidió al fiscal que le envíe una copia de las declaraciones de un testigo muy importante que afirma que la política sabía del ingreso del dinero de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011. Este dato se supo hace pocas semanas y podría arruinar sus esperanzas de quedar libre.
Keiko Fujimori, de 42 años, está presa desde octubre de 2018 en una cárcel de Lima. Su detención marcó el declive de una líder considerada la mujer más poderosa del país y que en ese momento dirigía un parlamento contrario al gobierno. La cámara baja, con enorme desprestigio por proteger a funcionarios investigados por corrupción, fue disuelta en septiembre por el presidente Martín Vizcarra, que afirma que utilizó el poder que el otorga la Constitución.
El padre de Keiko, Alberto Fujimori, también cumple una condena de 25 años de cárcel por su responsabilidad en los asesinatos de 25 peruanos a manos de un grupo clandestino de militares durante los primeros años de su gobierno, entre 1991 y 1992, cuando Perú sufría los ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso.
