La represión durante el estallido social, y que sufren en su mayoría población de manifestantes pacíficos, no solo se expresa en lumazos, balines y golpes. Durante las tres semanas de esta crisis, al clima de descontento y lucha por una vida más digna, lo acompaña también un olor y sensación repulsiva en el aire: el polvillo del gas lacrimógeno.
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Ya lo saben quienes marchan en la Plaza Italia. Varias instituciones que han tildado al uso del elemento disuasivo como «indiscriminado», afectando incluso a establecimientos sensibles como hospitales y jardines infantiles.
Expertos advierten que la represión química tiene varios efectos además de los inmediatos, que incluyen estrés para la población más susceptible, deterioro en la calidad de vida de las zonas afectadas e incluso la no descartable aparición de elementos altamente tóxicos, debido a las denuncias del uso de bombas vencidas.
Mercedes López, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Fac. de Medicina de la U. de Chile, es una de las tantas científicas en alerta. Para ella, la conclusión es clara. «Lo que han demostrado estas tres semanas, es que las fuerzas de carabineros carecen de total y completa profesionalidad. No son capaces de enfrentar disuasivamente a una población civil que está manifestándose legítimamente·», dice.
La lacrimógena (gas CS) en realidad no es un gas, sino que un polvillo blanquesino muy fino (clorobenzilideno malononitrilo), que, al lanzarse como bomba, se pulveriza debido a la presión, saliendo como un spray y decanta rápidamente al suelo, según explica la inmunóloga clínica. Los químicos, además, pueden estar activos hasta por una semana luego de su liberación.
«El primero efecto no es la irritación, sino que el impacto directo cuando son lanzadas al cuerpo. No solo por la velocidad y fuerza que impactan, sino que también vienen muy calientes. Producen quemaduras y eso lo hemos estado viendo en heridos, además de casos de pérdida ocular por el impacto directo de la bomba», recalca la científica del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII).
El segundo efecto directo es el polvo mismo. «Es un irritante para las vías respiratorias. Puede causar en grandes concentraciones la muerte, aunque por ahora no sea el caso, y produce inflamación de las vías respiratorias que en algunos individuos más susceptibles puede desencadenar broncoconstricción, ataques de asma y dificultades para respirar», indica.
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La recomendación, dado que el polvillo se impregna en la ropa y el pelo, es que después de exponerse «uno debería quitarse la ropa, limpiarse bien y ducharse de inmediato», recalca la inmunóloga clínica.
En ciertos países, el gas lacrimógeno está prohibido; en otros tantos, como el caso de Chile, no. Sin embargo, para López hay un consenso en el mundo científico sobre que «la represión química ya no debería ocurrir, por una cuestión de dignidad y derecho humano».
No hay que tomarlo a la ligera
¿Estar expuestos de manera intensiva a los gases lacrimógenos, y durante tres semanas, supone un riesgo mayor? Si bien no existe aún evidencia tajante sobre los daños por el contacto prolongado con el gas CS, sí hay cuestiones que afectan de manera directa a la población susceptible, como niñas y niños, ancianos y enfermos.
«Hay ciertos grupos de la población que se ven más afectados. Aquellos que sufren problemas pulmonares, hace que la patología se agrave», afirma la científica. Eso también repercute en la calidad de vida de las personas, alterando, por ejemplo, los tiempos de sueño en los residentes cercanos a «zonas rojas», como Plaza Italia o el centro de Santiago.
La experta advierte, además, que ha constatado en terreno la gran concentración de los químicos. Eso se refleja, según dice, en que el polvo «no solo lo sientes en la vías respiratorias superiores (fosas nasales, faringe), que es lo común, sino que también en las vías inferiores. El golpe también lo sientes en los bronquios».
¿Podría haber cianuro y óxidos nitrosos en las calles de Santiago? Suena fuerte, pero es uno de los efectos que alertan algunos expertos por el uso de bombas lacrimógenas vencidas.
«Cuando la lacrimógena está vencida, generan componentes que son muy tóxicos, y en distintas partes de Santiago se han recuperado lacrimógenas que incluso estarían vencidas desde el año 2007», dice la investigadora del ICBM. Dicha alerta alude a una que realizaron vecinos de Avenida Grecia, en Peñalolén.
El uso del gas también ha sido preocupación de cabildos ciudadanos, como el caso de vecinos del Parque Bustamante, el pasado 10 de noviembre, que recolectaron algunas bombas usadas el día anterior por efectivos policiales.
Investigaciones a nivel internacional, como el caso de la doctora venezolana en química, Mónica Krauter, dejan en evidencia que el período de vencimiento de las bombas lacrimógenas no es al azar (Hilo que lo explica). Su vida útil es de entre 3 y 5 años. Tras eso, el calor y la humedad pueden hidrolizar los componentes del gas CS, derivando en componentes tóxicos, como el cianuro, el ácido clorhídrico, óxidos nitrosos, monóxido de carbono, cloro, acetileno y fosgeno, entre otros.
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Publimetro se contactó con Carabineros para saber si conocían denuncias por uso de bombas lacrimógenas vencidas, además de si existía algún método de fiscalización o protocolo para aquellos artefactos que cumplían su vida útil, o si era una directriz darlas de baja. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Legalidad del recurso
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Carabineros, a través de un recurso de no innovar, restringir el uso de bombas lacrimógenas en manifestaciones pacíficas. Así mismo, la Corte de Temuco prohibió el uso del gas en las cercanías del Hospital Regional.
Hay diversos expertos que cuestionan la constitucionalidad del uso del gas lacrimógeno, como el caso del académico de la U. Austral, Fernando Muñoz. Para el doctor en derecho, «existe una grave inconstitucionalidad por omisión».
«Aquí debe existir una ley, no un mero decreto o un protocolo interno. En la Constitución, el artículo 19, número 26, sostiene que los preceptos legales que regulen o afecten derechos fundamentales, deben estar contenidos dentro de una ley, no en un reglamento, no en un decreto y mucho menos dentro de un protocolo interno de Carabineros», dice el doctor en derecho.
Muñoz plantea su preocupación porque, a pesar de que en marzo de este año se publicó un decreto de uso de la fuerza de Carabineros, la reglamentación «está desbordada fácticamente».
«Todo el sentido del protocolo es señalar que su utilización debe ser excepcional, pero no es lo que estamos viendo (…) Sólo pueden usarse contra manifestaciones ilícitas agresivas, y no como mecanismo de dispersión de movilizaciones», sostiene. Es decir, la bomba sólo viene al caso contra un grupo que esté agrediendo de forma activa o potencialmente letal a los uniformados, personas y bienes.
El experto, además, recalca un hecho curioso del protocolo de Carabineros, que genera dudas sobre su uso en Plaza Italia o la Alameda. «En su punto 2.7, donde regula el uso de disuasivos químicos, establece que no pueden ser utilizados en el sector central de las ciudades. Y qué ejemplo más paradigmático que Plaza Italia», dice.
Y si los gases son un problema para quienes van a manifestarse, ¿qué le queda a los vecinos? El doctor en derecho señala que hay un antecedente interesante, ya que en 2013, el ministro de la Suprema, Sergio Muñozos, «dictó un voto en el cual él planteaba que el uso de gases lacrimógenos en la inmediación de los domicilios de personas constituía una violación a los derechos, de intimidad e inviolabilidad a la vivienda».
