Durante su discurso de renuncia Evo Morales señaló que deja la presidencia de Bolivia para «evitar un baño de sangre». Sin embargo, tras su salida al menos 20 personas han muerto, siendo nueve de estos decesos durante la noche del viernes.
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En medio del convulsionado contexto social, el autoproclamado gobierno interino de Jeanina Áñez, que asumió con el lema «la Biblia vuelve al Palacio», promulgó un polémico decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas durante los procedimientos que realiza con la policía en el marco de las manifestaciones.
“Personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad (…)», indica el Decreto Supremo 4078.
Entre otros puntos, establece que “las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D. S. 27977 de fecha 14 de enero del 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionalmente a los riesgos operativos».
Crítica internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el documento ya que “exime de responsabilidad penal” a los militares que participan en los operativos para restablecer el orden interno, en momentos en que el país pasa por una convulsión.
“El grave decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta… y contraviene la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el organismo a través de Twitter.
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En esta misma línea, Human Rights Watch anunció que el decreto «no se ajusta a estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos».
El gobierno se defiende
“No es una licencia para matar de las Fuerzas Armadas”, aseveró el ministro de la Presidencia interina, Jerjes Justiniano, en conferencia de prensa.
Explicó que el decreto se basa en el Código Penal, que señala que “si uno se defiende en defensa propia no tiene pena, precisamente eso ratifica lo que ya está establecido”.
“De manera distorsionada se dice que es una licencia para matar. Este decreto tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas», agregó según El Deber.
Además, aseguró que “es un decreto disuasivo porque se trata de evitar la confrontación y más muertes. Lo que se busca es restablecer la paz social en Bolivia”
Justiniano consideró increíble que la CIDH se haya pronunciado tan rápido respecto al decreto cuando hay otros temas por los que aún no contesta.
“Nosotros lo que queremos con este decreto es contribuir a la paz social, garantizar que se establezca un orden social”, agregó.
La presidenta interina autoproclamada anunció, sin detallar, “medidas constitucionales” para frenar la convulsión.
¿Paz?
Áñez no ha logrado hacer avances para pacificar el país, y mientras el conflicto se alarga, comienza a sentirse la escasez de combustible, alimentos y suministros _sobre todo en La Paz_ debido a los bloqueos que impiden el tránsito.
En tanto, el enviado de Naciones Unidas, Jeann Arnault, se reunió el sábado con la presidenta interina Jeanina Áñez para contribuir al proceso de paz que buscan las partes con intervención de mediadores. Mediadores de la ONU, la Unión Europea y la Iglesia católica buscan acercar a las partes.
Por su parte, los productores de la hoja de coca del Chapare dieron el sábado 48 horas a Áñez para que renuncie, o harán bloqueos nacionales indefinidos.
Desde que estalló la crisis, al menos 23 personas han muerto y más de 700 fueron heridas según un informe del Defensor del Pueblo.
