En Bolivia la sangre ya llegó al río porque la crisis política desencadenó enfrentamientos entre manifestantes a favor del renunciado presidente Evo Morales con la policía y las FFAA, que defienden en gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez.
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La mandataria de 52 años, era la segunda vicepresidenta del Senado y se autoproclamó como primera autoridad de esa instancia luego de la renuncia de los personeros que estaban a cargo de la Cámara Alta.
Como nueva presidenta del Senado, a Áñez le correspondía suceder a Morales, y lo hizo aunque no había quórum en el Parlamento debido a la inasistencia de los partidarios del renunciado presidente. Aún así, el Tribunal Constitucional respaldó su investidura y ella asumió formalmente el cargo.
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A diferencia de lo que se presumía, dada la precariedad de su mandato cuya misión es llamar luego a elecciones, la presidenta se empoderó en el cargo y comenzó a tomar decisiones radicales como cortar relaciones diplomáticas con Venezuela o sacar al país del ALBA para luego hacer lo mismo de UNASUR.
En tanto Morales reclama desde su autoexilio en México por la autoritaria conducción de su sucesora, mientras las nuevas autoridades le responden mostrando los supuestos lujos que disfrutó en el poder el líder indígena.
Partidarios de Evo comenzaron a protestar en contra del nuevo gobierno y la violencia ya le ha costado la vida a 23 civiles. Los grupos movilizados, sobre todo en la zona de El Alto, La Paz y Cochabamba, se reunieron y dirigentes cocaleros le dieron un ultimátum de 48 horas (que se cumple mañana) a la presidenta para que renuncie.
En caso de que la líder conservadora siga en el poder, los cocaleros amenazaron con realizar un bloqueo a nivel nacional de carreteras hasta que sus demandas sean atendidas, informó el diario El Deber.
En la resolución exigen además el «repliegue inmediato de las FFAA» con el fin de «evitar más muertes y masacre al pueblo boliviano», instando a que se libere a los apresados, entre los que se encuentran algunos de sus dirigentes que «han sido detenidos injustamente».
Un hecho que causó particular indignación fue la firma de un decreto por parte de Áñez para eximir a los militares de cualquier tipo de responsabilidad penal, en medio de las protestas, «cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de “grave” el decreto y consideró que “estimula la represión violenta”.
Bloqueos
Los bloqueos de partidarios Morales en las afueras de las principales ciudades están ocasionando escasez de bencina y de alimentos, lo que presiona al gobierno interino que busca abrir un diálogo para poner fin a cuatro semanas de convulsión.
La presidenta intentó bajar la molestia de sus detractores y declaró, sin dar una fecha, que “muy pronto daremos noticias sobre nuestro principal mandato, la convocatoria a elecciones transparentes y recuperación de la credibilidad democrática de nuestro país”.
Por mientras Bolivia se desangra y se acerca el fin del ultimátum a la presidenta por la que nadie votó.