El Gobierno hizo público el acta del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) realizado el 7 de noviembre pasado y donde se revela las discrepancias por la convocatoria hecha por el Presidente Piñera, la labor de inteligencia y el control del orden público.
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En esta reunión se encontraban presentes como el contralor Jorge Bermúdez, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana (PPD) e Iván Flores (DC), respectivamente, además de los cuatro comandantes en jefe de las FF.AA y de Orden y Seguridad, Ricardo Martínez (Ejército), Julio Leiva Molina (Armada), Arturo Merino (Fuerza Aérea) y Mario Rozas (Carabineros). A ellos se sumaron los ministros del Interior, Gonzalo Blumel y de Defensa, Alberto Espina.
El contralor de la República, Jorge Bermúdez, comentó en la cita que el Cosena es “un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones”.
Orden público, no seguridad nacional
Misma postura tuvo el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien afirmó que “lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico. Condenamos los actos vandálicos, la violencia manifestada en los saqueos, incendios y otros actos similares”.
Ante ello, el el ministro de Defensa, Alberto Espina, fue categórico en precisar que el Cosena tuvo una modificación en el periodo presidencial de Ricardo Lagos. “(…) fue modificado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”, enfatizó.
El Presidente Sebastián Piñera, en tanto, expresó que era relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la nación en medio de la crisis social, defendiendo además el haber decretado el estado de emergencia.
«Los hechos de violencia y vandalismo que hemos observado en estos días han producido un grave daño al país y a los ciudadanos, con un grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía, frente a lo cual el Gobierno ha propuesto una Agenda de Seguridad Ciudadana”. apuntó.
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Otro punto relevante fue el análisis de la labor de inteligencia
Bermúdez comentó en la cita que “poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo”.
Al respecto, el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, aclaró que “respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas”. El comandante en Jefe de Armada, Julio Leiva, sostuvo que el servicio de Inteligencia “debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades”.
Sobre la labor de Carabineros, el propio general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo en la cita que el país está “viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”. Asimismo, reconoció que “cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande”.
Aquí el general Martínez respaldó la labor de las policías. «(…) han realizado un tremendo esfuerzo por entregar mayor paz a los ciudadanos. Explica que ni las policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas salen a la calle a producir daño, ni tampoco a que les hagan daño a ellos».
Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, manifestó en en sesión del Cosena que “una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los Derechos Humanos”.
