“Desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior”. Eso se puede leer en los seis recursos de protección que Walmart interpuso contra el Estado – en Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia-, en el marco de los daños que han sufrido algunos de sus locales de supermercados en el marco de la crisis social.
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Y más allá de la atención que puede llamar este movimiento de la transnacional de origen estadounidense, la arremetida judicial solo responde a la posibilidad que permite la actual Carta Magna, apelando a su artículo 19, incisos 21 y 24.
“Lo que pasa es que la Constitución establece estas garantías constitucionales y el derecho de propiedad y de ejercer una actividad empresarial”, explica Marcelo Godoy, director del Magíster en Derecho de la Empresa de la U. Mayor, por lo que indica que “desde el punto de vista judicial es procendente”, lo realizado por la compañía de retail dueña de Lider, Express Lider, SuperBodega Acuenta y Central Mayorista.
En ese sentido, Esteban Elías, abogado experto en derecho económico, indica que el Estado falló “en su rol garantista, rol constitucional de asegurar el orden público y eso tuvo consencuencias en conculcar el derecho de propiedad”, en este caso de Walmart.
Y a propósito de que ya se abrió el camino para cambiarla, Godoy subraya que la actual “es una Constitución de tintes liberales y protege primero al individuo y luego al derecho de propiedad” y recalca que y esta “tiene un resguardo especial” a ese derecho, lo que le da pie a esta empresa para ejercer estas acciones judiciales.
Sin embargo, Elías hace hincapié en que no hay que mirar esta acción como algo particular de la firma norteamericana, porque “esta acción la podría hacer la señora que tiene un local pequeño” y que también pudo ser afectada por saqueos. En ese sentido, subraya que no tiene que ver el tamaño del patrimonio de una empresa con que se pueda o no ejercer este derecho constitucional, aunque reconoce que esto podría dar pie para que otras grandes compañías sigan los mismos pasos.
Hasta dónde puede llegar
Cabe consignar que estos recursos de protección buscan solo que el Estado restaure el orden público. “Las empresas como estas tienen seguros, pero lo que están pidiendo ellos (Walmart), no es que les paguen los costos de los incendios y saqueos, sino que es que se restablezca el estado de derecho”, sostiene el académico de la U. Mayor.
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Particularmente, la empresa también pide resguardo policial de algunos de sus locales. Pero ¿por qué el Estado debiera gastar recursos públicos en la seguridad de un recinto privado? Godoy explica que el fundamento de la empresa algunos de estos recintos son sistemáticamente saqueados y quemados, por lo que es donde más no se respetan los derechos constitucionales invocados.
De hecho, luego de que Diario Financiero diera a conocer la información, la empresa explicó en un comunicado que “decidió solicitar al Estado protección” para poder operar de manera segura para sus trabajadores y clientes. Además indicó que «no pretende, ni ha pretendido, responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en sus locales, sino que por el contrario los recursos tienen la finalidad de solicitar la seguridad que en razón del riesgo y peligro en cada caso fuese necesario».
Sin embargo, si la justicia le termina dando la razón, a la empresa se le abre la puerta para otra opción. “Las empresas pueden acceder demandas por indemizaciones de perjuicios” a través de demandas civiles, apunta Elías.
