La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la prisión preventiva del ciudadano estadounidense John Macarewich Cobin (57), imputado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio frustrado, cometido en Reñaca el domingo 10 de noviembre pasado, donde hirió al manifestante Luis Jesús Ahumada (33).
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En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada porteño –integrada por los ministros Max Cancino, Carolina Figueroa y la fiscal judicial Juana Latham– confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que decretó la prisión preventiva del imputado.
«En este momento procesal existen antecedentes que permiten justificada la existencia del delito de homicidio en grado de frustrado y la participación que en éste le ha correspondido al imputado», señala el fallo.
«En especial se tiene en cuenta que para demostrar el elemento subjetivo del delito, obran en la carpeta de investigación diversos elementos que permiten presumir el dolo de matar con el que actuó el imputado», añade.
En ese sentido, menciona que el imputado efectuó cuatro disparos, los tres primeros disparos fueron realizados hacia el frente, y con dirección hacia la multitud que se encontraba situada en la playa.
Además, el fallo consigna que «el cuarto disparo fue realizado con dirección hacia una persona que se encontraba en movimiento y a una distancia aproximada de ocho metros del autor», junto con «la circunstancia que el arma utilizada correspondía a la de un calibre apta para matar».
La resolución agrega que «de la dinámica de los hechos que se infiere de los elementos de investigación hasta ahora reunidos se aprecia que, al momento en que el imputado efectúa la acción delictiva, no concurren los requisitos de la legítima defensa, especialmente una agresión real y actual y la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir la supuesta agresión».
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«Aun cuando pudieren concurrir circunstancias atenuantes a favor del imputado y sin perjuicio además de las agravantes que se han invocado, lo cierto es que la gravedad de la pena asignada al delito y los caracteres del mismo, configuran factores determinantes para concluir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad», añade.
La decisión fue adoptada con el voto en contra de la fiscal judicial Juana Latham, quien estuvo por revocar la resolución apelada por estimar que Cobin «no actúa con dolo de matar sino que de lesionar, por lo que existen otras medidas cautelares de menor intensidad que pudieren adoptarse respecto del imputado».