La Moneda dio un giro. Si ante el informe de Amnistía Internacional reaccionaron con un rechazo y repudio transversal, la contundencia de las denuncias de este martes de Human Rights Watch contra Carabineros lo obligaron a cambiar su postura y ahora pedir un informe a la institución.
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Al igual que hace 5 días, fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien salió a referirse a las declaraciones que la ONG internacional realizó contra Carabineros. Eso sí, ésta vez la autoridad valoró el informe y las recomendaciones de una reforma policial urgente.
“Valoramos el informe de HRW y las recomendaciones que nos han realizado, en las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situación de disturbios y detención”, aseguró.
Sobre la serie de denuncias de actuaciones violentas e indiscriminadas de parte de las fuerzas de orden, Recabarren indicó “que nos preocupan y que, por supuesto, recibimos con dolor, pues da cuenta a graves vulneraciones a los derechos de las personas”.
En un tono distinto al empleado contra Amnistía, el Gobierno aseguró que «no habrá impunidad». “Se han instruido más de 600 sumarios administrativos, cuyos antecedentes han sido enviados a Fiscalía, que ya ha iniciado más de 2.000 investigaciones penales, porque -como lo hemos dicho- no habrá impunidad”, afirmó.
La presión internacional pudo más. Hace dos días, y tras el informe de Amnistía y el estudio de la U. de Chile que daba cuenta del metal en los perdigones, Sebastián Piñera y otros tres ministros elegían dar apoyo irrestricto a Carabineros en la Escuela de Suboficiales en Macul. Ahora, en cambio, el giro en 180º hizo que Recabarren afirmara que exigirán al general Mario Rozas un informe «en lo inmediato» con explicaciones por su actuar.
“El Gobierno, a través del ministerio del Interior, instruirá al general director de Carabineros revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias”. La respuesta de Rozas debe ser en a lo más una semana, a través de un informe con propuestas de corrección al actuar violento de los efectivos policiales, además de sanciones concretas para los casos donde se violen derechos humanos.
