Ministra Rubilar asegura que si la Justicia “acredita las violaciones a los DDHH” el gobierno será el primero en condenarlas

“Nosotros esperamos que sean los tribunales quienes determinen, no tenemos ningún doble estándar”, agregó.

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Publimetro Chile
Por Camilo Henríquez

La ministra vocera Karla Rubilar aseguró que es la Justicia la que tiene que acreditar que en Chile se han cometido violaciones a los DDHH humanos tras el estallido social y una vez que los tribunales lo hagan el gobierno será el primero en condenarlas.

La titular de la Secretaría General de Gobierno dijo en entrevista en radio ADN, que quería ser “súper clara”, y apuntó que “nosotros hemos dicho desde el minuto uno que que si existen abusos, excesos, salidas de protocolos, delitos e incluso violaciones a los derechos humanos, que estén comprobados en los tribunales de justicia, que en un Estado de derecho son los que tienen que acreditar esos delitos, violaciones, excesos o abusos, nosotros por supuesto que los condenamos con fuerza, con convicción“.

“Como gobierno, lo que nos corresponde en un Estado de derecho, donde los poderes del Estado son separados, y donde muchas veces los fallos de los tribunales de Justicia podemos no compartirlos, pero no opinamos respecto de ellos, nosotros esperamos que sean los tribunales de Justicia quienes determinen. No tenemos ningún doble estándar en decir que si se acreditan las violaciones a los derechos humanos nosotros vamos a ser los primeros en condenarlo”, apuntó, recalcando los dichos del Presidente Piñera que afirmó que “no habría impunidad”.

Consultada sobre por qué no tiene el mismo estándar para condenar los hechos de violencia en los cuales no esperan los dictámenes de los tribunales, la vocera manifestó que “en este país, incluso los delincuentes tienen derecho a defensa y un debido proceso, tienen una Defensoría penal pública, y en ese entendido nosotros lo que queremos es que los tribunales realicen este trabajo”.

Por lo mismo, reiteró el rechazo al informe de Amnistía Internacional y dijo que podía “asegurar” que no hay una política sistemática de represión y de daño a los manifestantes. “Nunca ha habido una instrucción que no sea claramente respetar los derechos humanos. Ahora si efectivamente alguien se salió del protocolo deberá responder ante la Justicia”.

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