Al menos cuatro organismos internacionales llegaron a Chile para observar la violación de derechos humanos durante el estallido social y, hasta el momento, dos han hecho un crudo diagnóstico sobre el papel del Estado y de Carabineros. Las denuncias son graves e incluso hablan de la represión como un mecanismo flagrante para dañar a las personas y desincentivar las protestas. Pero, ¿en qué pueden traducirse a la práctica?
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Hay varias opciones, con acciones judiciales que pueden surgir tanto en el país como en el extranjero. Eso sí, nada está dicho todavía. Según un experto en derecho internacional, justamente los dos informes que faltan, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, son los más importantes, en el caso de que las denuncias por violaciones a DD.HH. terminen en una corte internacional.
Jun Ignacio Chacón, abogado experto en derecho internacional y académico de la U. de Santiago, señala que «hay que distinguir que los informes de Amnistía y el Human Rights Watch están hechos por ONGs internacionales. Es decir, que no están insertas en una institucionalidad a la que Chile le deba obligaciones».
Pese a eso, el experto aclara que por sí mismos «tienen un valor reputacional muy grande, no es tan simple desconocerlos para el Gobierno. Tienen un respaldo internacional muy grande; pero no constituyen evidencia en juicio». Aunque hay similitudes entre ambos informes, es mucho más categórico el de Amnistía.
«Las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta». Esa es una de las afirmaciones del balance de Amnistía que, para Chacón, apunta a un actuar del Estado.
Dos que faltan
Distinto es lo que diga la CIDH. El académico aclara que ésta «sí forma parte de un organismo Internacional -OEA-«, lo que lo convierte en un órgano semi juridiccional o judicial.
«La Comisión Interamericana de DDHH actúa como un fiscal, que reúne información y, si así lo considera, los deriva ante la Corte Interamericana de DD.HH. Y es relevante porque le presta bastante atención a lo que diga la CIDH»», señala Pacheco.
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En este caso, dice el académico, las sanciones de la Corte Interamericana son de lógica reparatoria y no para establecer culpables. «Dicta que el Estado debe reparar a las víctimas, compensarlas. Ya sea con dinero, que ciertas normas y sentencias queden sin efecto o que el Estado modifique su legislación», explica.
Donde sí se puede apuntar a culpables con sanciones penales, como ministros o jefes de Estado, es en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los «crímenes de lesa humanidad tienen elementos infranqueables: deben ser sistemáticos y haber sido dirigidos a un gran número de la población». Ese veredicto, según el experto, difícilmente lo harán el CIDH o la ONU, como sí lo hizo Amnistía.
A nivel interno la cosa es distinta. Cualquier persona puede hacer una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el Estado, un funcionario en particular o el propio Presidente. Ya lo anunció este martes el senador Alejandro Navarro, presidente de la comisión de DDHH del Senado, quien presentará una querella por delitos de lesa humanidad contra Sebastián Piñera, por su supuesta culpabilidad en los casi 300 casos de traumas oculares severos por el uso de perdigones.
En esa línea, la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares también realizará una querella colectiva, también contra el Presidente.
