Es una de las primeras medidas anunciadas por el Presidente Piñera dentro de su llamada “agenda social”, para tratar de aplacar la crisis. Proyecto que ahora es motivo de un nuevo enfrentamiento de entre Gobierno y oposición.
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Se trata del «ingreso mínimo garantizado», el subsidio que propuso el Ejecutivo para elevar el dinero mensual de quienes reciben el salario mínimo (actualmente fijado en $301 mil) a $350 mil, pero que no dejó conforme en la vereda política de al frente.
Y es que el miércoles por la tarde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó una indicación para elevar dicho guarismo a $550.336 brutos, pero enfocado solo en las pymes que tengan ventas por menos de 75 mil UF. En cambio, para las grandes empresas se impulsó que el salario mínimo llegue a la misma cifra, pero como tal, a su cargo sin apoyo estatal.
«Hacemos una salvedad, se focaliza el gasto del subsidio en las micro y pequeñas empresas, porque entendemos que son ellas las que hoy tienen que tener un respaldo desde el Estado (…) las grandes se han comprometido, de hecho ya van dos mil empresas que han dicho que quieren subir el salario a 500 mil pesos, bueno ahora lo establecimos por ley«, justificó la presidenta de la Comisión, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans.
En respuesta, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, recalcó que «hay que ser bien claro en que tenemos que actuar con responsabilidad» en cuanto al aumento del subsdio. Además acusó discriminación respecto al hacer diferencia entre empresas. «En la práctica vamos a tener salarios mínimos diferenciados por tamaño de empresa (…) no podemos tener trabajadores de primera y de segunda», dijo.
Y los académicos también muestran discrepancias. “La oferta inicial con la que el Gobierno subisdiaría la diferencia sería algo sostenible”, afirma Rafael Romero, académico de la U. Alberto Hurtado, aunque cree que a lo que se apuesta acá es “a una especie de negociación, de ‘yo ofrezco uno y tú me pides diez’ y estaremos llegando a un acuerdo”.
Sin embargo, pone la alerta en que la economía está en una situación delicada para apuntar a ese nivel. “Tenemos tantos frentes abiertos, hay tanta incertidumbre”, por lo que “un Gobierno no puede gastar indiscriminadamente”.
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Y respecto de que las empresas grandes tengan que desembolsar más recursos para este nuevo sueldo mínimo, dice que “es mucha presión para la economía”, aunque señala que “no lo pondría en términos de que una empresa quiera o no, sino que es en términos de viabilidad”.
Desdramatizando esto último, Jorge Gajardo, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la U.Central, resalta que para la gran empresa ese salario “es muy alcanzable”, ya que “es un mínimo porcentaje de sus empleados los que están con ese ingreso”, por lo que no significaría un gran gasto.
Además considera “atingente diferenciar a las pymes”, por lo que “en sí mismo no me parece malo que el ingreso mínimo sea subsidio público”, aunque recalca que sí hay que tener ojo a “cuál es la fuente de financiamiento” de esta política.
Medida aislada
Sin embargo, lo que preocupa a Gajardo, es que este tipo de medidas son aisladas y no se enmarcan dentro de un plan más global.
“Hay un problema que se está genrando de que se han ido recogiendo las demandas sociales, pero no hay una mirada conjunta de las medidas que habría que tomar y la coherencia entre todas ellas”.
Añade que estos ajustes a los salarios apuntan a la distribución del ingreso, “pero debieran estar acompañadas con un conjunto de mejoras laborales”.
En ese sentido, el académico expresa que la realidad laboral de los chilenos “responde a la baja sindicalización, a las leyes laborales, que no garantizan el pleno ejercicio de los trabajadores de la negociación colectiva que debiera mejorar los ingresos de los trabajadores, en función de las posibilidades de las empresas”.
