Keiko Fujimori, la otrora poderosa líder de la oposición parlamentaria peruana y excandidata presidencial, salió de prisión el viernes en medio de vítores de sus simpatizantes y las críticas de muchos peruanos que ven en su liberación una muestra más de la impunidad que suelen disfrutar los políticos acusados de corrupción.
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Bajo la aclamación de sus seguidores, que portaban banderas partidistas y globos color naranja, Keiko abandonó sonriente el anexo de mujeres de la cárcel de Chorrillos en Lima, un reclusorio que también alberga a criminales comunes.
El arresto ha sido el momento “más doloroso de mi vida”, dijo Fujimori.
“Por eso lo primero que quiero hacer al dar un paso aquí en la calle es dar gracias a Dios por haberme dado fuerzas para resistir”, agregó Keiko a la prensa a las puertas del penal.
Los seguidores de Keiko hicieron un corredor para que su esposo, que acampaba frente al penal, caminase a la puerta donde ella salió, portando un ramo de rosas rojas y globos en forma de corazón.
Desde el 13 de noviembre, Mark Villanella realizaba una huelga de hambre fuera de la cárcel en demanda de un proceso imparcial para su esposa. Ambos, al reencontrarse en la calle, se fundieron en un largo abrazo.
Decenas de policías antimotines fueron desplegados en el lugar.
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“El Tribunal Constitucional ha corregido el gran daño que se nos ha hecho un proceso lleno de abusos y arbitrariedades”, resaltó.
El Tribunal Constitucional de Perú aprobó esta semana una solicitud de habeas corpus presentada por Sachi Fujimori, hermana de Keiko, con cuatro votos a favor y tres en contra, por lo que el viernes recuperó la libertad tras 13 meses de arresto preventivo. Engorrosos trámites legales demoraron su salida cuatro días.
El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos a ser presentados de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolos, resuelva si su arresto se ajustó o no a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.
Fujimori, de 44 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para dos campañas presidenciales, en las cuales resultó derrotada. El proceso judicial en su contra continúa.
Desde 2014, el caso Odebrecht ha estremecido a la élite política y empresarial brasileña y se ha extendido a otros países como Perú.
En 2016 Odebrecht reconoció en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda Latinoamérica, entre ellos 29 millones de dólares a políticos de Perú.
La fiscalía acusa a Keiko de lavar 1,2 millón de dólares aportados por Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Las revelaciones de otros empresarios sobre aportes millonarios ilegales a sus campañas, y su intento por ocultarlo, también han desquebrajado la reputación de la legisladora.
